La reforma del Código Penal permite acortar los procesos judiciales otorgándole más agilidad y transparencia a la Justicia. De hecho, a diferencia de procesos que insumían meses, hay juicios que comenzaron en mayo y a fines de junio ya tenían sentencia.
Además se permiten nuevos juicios abreviados. Se habilita al fiscal y al defensor a que lleguen a un acuerdo sobre las penas en base al hecho que cometió el imputado. También se añadió un mecanismo de “conciliación” vecinal y probation en primera instancia para casos de menor envergadura. En los primeros seis meses de este año, se dictaron 140 probations en los tribunales locales.
La Sala Penal emitió 77 sentencias. Si bien es un número importante, la cantidad pudo haberse incrementado. Lo que sucedió fue que desde el 13 abril hasta el 8 de julio se desarrollaron más de 50 audiencias por el juicio a los 18 policías por los hechos ocurridos en diciembre de 2013 en la Jefatura de Policía. Eso implicó jornadas enteras con la sala de audiencias ocupada además del trabajo que debieron efectuar los tres vocales que la integraron y el personal judicial que se abocó al proceso.
Las 77 sentencias terminaron con 63 personas condenadas: 25 a penas de cumplimiento efectivo y otras 38 a penas de cumplimiento condicional. A eso se añaden 14 fallos por recursos de amparo.
¿Cuáles fueron los 63 delitos juzgados por el tribunal? Delitos contra las personas (homicidios, lesiones): 6. Delitos contra la integridad sexual (abuso sexual, etc.): 20. Delitos contra la propiedad (robo, hurto, extorsión): 27. Delitos contra la libertad individual (amenazas, coacciones, etc.): 4. Delitos contra la administración pública (desobediencia, falso testimonio, encubrimiento, etc.): 3. Delitos contra la seguridad pública (portación de armas, tenencia de armas, etc.): 3.
En los Juzgados de Garantías, se dictaron 26 sentencias: 11 personas recibieron condenas de cumplimiento efectivo y 13 de cumplimiento condicional. Además hubo dos sentencias de amparo. Los 24 delitos juzgados fueron: contra la propiedad: 12; contra las personas: 6; contra la integridad sexual: 1; contra la libertad individual: 4 y contra la administración pública: 1.
La opinión de los fiscales
El fiscal Mario Guerrero desde hace varios años que se desempeña en la Justicia local. En ese sentido, destacó la celeridad con la que se trabaja actualmente. “Antes un juez de instrucción para una causa que no era urgente demoraba para la primera testimonial tres o cuatro meses y la causa estaba dos años y pico sin resultado. O se llegaba a debate al juzgado correccional y recién ahí se pedía probation: a los dos o tres años. Ahora el 90 % de las causas se tramitan en los primeros seis o siete meses, salvo las estrategias que pueden tener los defensores que van planteando nulidades que las pueden dilatar”, indicó.
Pero, en tiempos normales, en dos o tres meses la causa es remitida a juicio. “Y en 60 días más estamos con juicios”, indicó Guerrero. Incluso destacó que las condenas que se dictaron en este semestre responden a hechos ocurridos el año pasado, como muy antiguos. “No son más viejos”, resaltó.
Por otra parte, indicó que la reforma provocó el incremento de trabajo. “Antes estábamos con 300 y pico de causa por mes y ahora estamos con 900. Se han triplicado o duplicado”, destacó. No obstante, Guerrero manifestó que hay otros recursos a la mano como mediaciones, probations o salidas intermedias. El fiscal acotó también que la celeridad ha generado otro problema: falta de lugar para recluir a las personas detenidas. “Estamos quedado sin lugares de alojamiento. Las cárceles se llenan más rápido. Hay problemas en ese sentido”, indicó. Por ello, indicó que debe trabajarse en paralelo a la aceleración de los tiempos procesales en el incremento de los lugares de alojamiento. “De esta manera se puede dar una respuesta a la sociedad que creo que lo que buscamos es eso”, indicó.
Por su parte, el fiscal coordinador José Costa, señaló que la provincia nunca tuvo un atraso importante en la sustanciación de las causas. “En general siempre fuimos bastante rápidos. En la provincia de Buenos Aires que todavía se habla de que hay gente con cinco años de prisión preventiva, que no hay condena. De hecho en las cárceles de Buenos Aires hay más gente procesada o con prisión preventiva que condenada cosa que en Entre Ríos nunca se dio. Siempre hubo más gente condenada que con prisión preventiva”, dijo.
Costa dijo que los plazos procesales se redujeron y eso provocó que haya menos cantidad de personas con prisión preventiva. “Siempre es bueno que la gente que esté en prisión tenga una condena. Es decir que haya sido declarada culpable o que tenga sentencia que lo condene”, señaló.
Por ello, destacó la posibilidad de poder sustanciarse los juicios abreviados. “Hoy tenemos casos que en cuestión de dos o tres meses ya hay sentencia. La rapidez también ha repercutido que el expediente sea desformalizado, que la investigación penal preparatoria se haga con un criterio de formalización, que las audiencias sean orales y que todas las medidas se dicten en audiencia hace que los casos se acorten”, señaló.
Además declaró que en el sistema viejo era casi imposible pensar en una condena en dos o tres meses. “Cosa que hoy si se ve”, dijo. “Antes había una causa que hoy demora tres o cuatro meses antes llevaba diez meses o un año”, mencionó.
Por otra parte, Costa destacó que en la actualidad hay muy pocas absoluciones. En ese semestre se podría contabilizar solamente la de uno de los 18 policías acusados por sedición y otros delitos: Esteban Sendra.
Antiguamente los jueces de instrucción elevaban las causas a juicio pero el que acudía al debate eran los fiscales de Cámara. Y, en ocasiones, lo jueces elevaban la causa con un criterio y los fiscales se encontraban en pleno juicio oral con escasos elementos incriminatorios. Por lo tanto, había un número importante de absoluciones en el sistema viejo.
O, a veces, ante casos que tenían mucha resonancia en la opinión pública, se detenía a personas contra las que no había pruebas o eran muy pocas. Por ejemplo, en Chajarí se recuerda el caso de Natalia Alejandra Martínez. El jueves 14 de enero de 1999 un trabajador rural descubrió en un establecimiento forestal de Colonia Freitas (a 10 km. de Chajarí) los restos de un cadáver femenino. El hallazgo generó un gran despliegue policial, y se comprobó posteriormente que pertenecía a Martínez, desaparecida el 12 de diciembre de 1998. En marzo de ese año, la investigación devino en la detención de quien fuera el padrastro de Alejandra, Juan Carlos Ibarrola. Estuvo dos años detenido y en 2001, tras el juicio oral y público, fue absuelto por la Cámara Penal de Concordia por considerar que las pruebas reunidas en su contra no eran suficientes para condenarlo. El crimen sigue impune.
En la actualidad, son los fiscales los que llevan adelante la causa y luego van al juicio oral. “Ningún fiscal quiere ir a un juicio a hacer papelones. Entonces las causas que se elevan son causas que hay pruebas. Y en ese sentido también se debe a un mejoramiento de la labor que se está teniendo muy pocas absoluciones”, dijo en referencia a la tarea de los fiscales. “El que va a debate sabe que está ‘cocinado’”, recalcó Costa.
Asimismo, señaló que puede haber causas que tarde mucho tiempo en tramitarse por tratarse de causas complejas. “Por ahí requiere más investigación pero lo que seguro hoy no pasa es que haya una persona con prisión preventiva por más de tres años. Eso es imposible hoy y te diría que era imposible antes también”, dijo Costa.
