En la ciudad actualmente se están construyendo cerca de 200 viviendas, de las cuales 40 (ubicadas en la zona noroeste, calle Paula Albarracín de Sarmiento) son para las familias clasificadas como “demanda libre”. El resto de las casas están destinada a los afiliados a diversos gremios: Centro de Empleados de Comercio, Bancarios, Sidecreer y Obras Sanitarias.
Durante la última inscripción, la Regional recibió el requerimiento de 7000 familias que padecen la carencia de una vivienda propia. “Cuarenta casas para 7000 beneficiarios no alcanzamos ni a cubrir el uno por ciento”, dijo Saboredo.
“Acá hay mala gestión, es así de simple”, sostuvo. “No hay ahora ni la hubo hace cuatro, cinco o seis años atrás”, agregó. “Se está hablando de un gobierno justicialista y se están peleando en una interna para ver quien se posiciona mejor y no para ver quien logra ejecutar planes de viviendas sociales”, expresó.
Saboredo también recordó declaraciones del ministro de Salud, Ángel Giano, quien manifestó durante el último fin de semana, en que cayó un temporal que provocó daños en miles de casas precarias, que el IAPV está gestionando viviendas sociales. “Yo, como empleado del Instituto, desconozco totalmente que el IAPV esté haciendo gestiones para hacer viviendas sociales para los barrios marginales de Concordia”, expresó.
Por otra parte, el delegado aseguró que en Paraná existe un registro permanente de viviendas. En cambio, el registro permanente no existe en Concordia. “Le dicen que van a inscribir el mes que viene y cuando vienen le dicen: ‘no, el otro mes’ cuando en realidad si yo me quiero inscribir, me tienen que inscribir. Acá llaman a inscripción cuando la obra está en un 70 u 80 %. La gente llega hasta de madrugada”, dijo Benítez.
“Nosotros venimos denunciando las promesas que han hecho el gobierno nacional en Paraná, en Concordia, cuando andan en campaña: que 20.000, 30.000, 40.000 viviendas y nosotros hoy no estamos viendo ni 200 viviendas”, dijo Saboredo. “Por ahí he escuchado que íbamos a atacar fuertemente el déficit habitacional. Si esto es atacar fuertemente, diría que aprieten un poco más el acelerador porque va muy lento”, indicó Benítez.
Fideicomiso para construcción de viviendas
Benítez explicó que el fideicomiso en realidad es un crédito que se toma y contempla $ 80.000 por unidad habitacional. “Ahí no está explicado quien paga la diferencia”, dijo. Benítez explicó que el terreno y los mayores costos que se suman durante la ejecución llevan el costo final de la vivienda a $ 130.000. “¿Quien paga los otros $ 50.000? no está explicado”, refirió.
La garantía del préstamo son los fondos FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda) que se utilizan para el funcionamiento del IAPV. “Para el pago de sueldos y para reflotar o terminar alrededor de 100 obras que se quedaron paradas de la gestión del anterior presidente que hoy es diputado José Cáceres”, dijo Benítez.
“Si esto prospera, se ejecutan las viviendas y los adjudicatarios no devuelven el 100 por 100, toman la garantía”, dijo Benítez. A su vez, explicó que las autoridades creen que se va a recuperar el 100 % de la inversión que deben devolver los beneficiarios a través de las cuotas cuando el promedio histórico de recupero no supera el 40 %. “Es nuestra preocupación porque está en juego nuestro puesto de trabajo y la ejecución de viviendas de interés social”, agregó.
Según el delegado, los adjudicatarios que resulten beneficiados por el nuevo sistema van a tener que comprobar que “ganan más de $ 7000 por mes porque la cuota le va a llevar alrededor de $ 1500”.
“Si esto sigue adelante, creo que hasta puede cerrar el Instituto porque no va a haber viviendas para hacer”, indicó Benítez. “Hacer esto me parece una barbaridad: hipotecar la provincia para gestionar 4950 viviendas cuando hace dos años las prometió el (ex) presidente Kirchner”, agregó Saboredo. “El que hoy gana $ 7000 no va a pedir una vivienda social”.
