En el trabajo elaborado por el organismo que conduce el procurador Francisco Mugnolo se precisa que de los 12 casos fatales por COVID 19, 4 estaban alojados en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, 4 en la Unidad 34, 3 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y 1 en la Unidad 31.
Más allá del lugar donde cumplían su condena o estaban bajo prisión preventiva, estas víctimas encontraron la muerte en un hospital público (8 casos); durante el traslado (1); hospital militar (2) y en el hospital penitenciario (1).
En este contexto, hubo 568 hisopados y 337 casos confirmados, de los cuáles 60 permanecen activos. El informe concluye que esto ocurre porque “la atención es esporádica, superficial y se registra la falta de especialistas” y se delegó esas atención “en auxiliares de enfermería”. También se esgrime que “no se realizaron estudios y hubo demoras en los diagnósticos”, al tiempo que “hubo demoras ante urgencias y en traslados a hospitales”.
Según se detalló, la última muerte de un preso en el ámbito federal por coronavirus se registró el domingo pasado en el Hospital Muñiz. “Se trataba de un hombre de 57 años y con enfermedades previas como diabetes e hipertensión arterial que lo ubicaban dentro del grupo de especial riesgo frente a la pandemia”, indicaron desde la Procuración.
La víctima estaba presa de manera preventiva por drogas y su defensa había pedido en dos ocasiones su arresto domiciliario debido a “su grave estado de salud y por el estado de necesidad apremiante en que se encontraba su hijo que pasó a habitar solo desde su detención”. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 de Capital Federal denegó la solicitud, al igual que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
Desde la Procuración se quejaron de la decisión judicial basada en que los protocolos del Servicio Penitenciario Federal y los servicios médicos garantizaban una adecuada atención. “El incremento en la circulación del virus y los fallecimientos en los últimos dos meses demuestran que no es así”, argumentaron.
Además, el organismo evaluó que los 29 muertos que hubo en total, representa “una cifra elevada para un período apenas superior a los cinco meses, comparativamente con años anteriores, lo que permite pensar impactos indirectos de la pandemia”.
