Según fuentes del juzgado, la intención es que los padres “tomen conciencia de la responsabilidad que les cabe por los actos de sus hijos menores de edad y que los chicos perciban que existen consecuencias por sus actos ilícitos y que esas consecuencias las noten en el seno de sus propias familias”.
En este sentido, Arsenio Mendoza, jefe de los defensores oficiales de Entre Ríos, argumentó que en Nogoyá, el programa tiene éxito, el delito bajó y los vínculos familiares mejoraron. “Hay que tener en cuenta la realidad del pueblo para entender esto. Allí no hay institutos de menores, tampoco hay profesionales para contener a los chicos y no hay jueces de menores”, explicó el funcionario.
Según las estadísticas, de 200 chicos a los que se les aplicó la nueva normativa, ocho no cumplieron con la penitencia o volvieron a delinquir y sus padres tuvieron que pasar varias noches en la seccional.
No obstante, desde el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), el plan fue considerado “inconstitucional”, porque vulnera los derechos del niño.
