El 21 de marzo de 2012, a tres días de un nuevo aniversario de la institucionalización del horror, la provincia de Entre Ríos comenzará a transitar el segundo juicio oral y público por crímenes de la dictadura, en este caso por violaciones a los derechos humanos cometidas en la zona este.
Albano Harguindeguy, que fuera ministro del Interior en el período en que se produjo la mayoría de los crímenes del terrorismo de Estado, estará por primera vez en el banquillo de los acusados. “Era el ideólogo del plan y el jefe de las fuerzas de la represión”, sintetizó a EL DIARIO la abogada querellante María Isabel Caccioppoli.
Además, serán enjuiciados Ramón Genaro Díaz Bessone, ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en Entre Ríos; el ex jefe del Regimiento de Concordia, Naldo Miguel Dasso; el ex jefe del Regimiento de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino, y quien fuera jefe de Sección en la misma guarnición militar, Héctor Carlos Kelly del Moral; el ex jefe Departamental de Policía de Gualeguaychú, Marcelo Alfredo Pérez; el ex jefe de la División de Operaciones y Seguridad de la Policía, Juan Carlos Mondragón; y los policías federales Francisco Crecenso y Julio César Rodríguez. Todos se encuentran detenidos aunque bajo arresto domiciliario.
Alrededor de doscientos testigos están citados a declarar en lo que será el segundo juicio oral y público que se sustancie en la provincia por crímenes de lesa humanidad –este año fueron condenados cinco militares por robo de bebés–, por lo que el proceso podría durar alrededor de ocho meses, estimaron fuentes judiciales a EL DIARIO.
La nómina de testigos incluye, entre otros, al ex gobernador Jorge Busti, al vocal del Superior Tribunal de Justicia Daniel Carubia, al ex gobernador santafesino Jorge Obeid, al polémico periodista Ceferino Reato, a los ex ministros peronistas Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf –ambos firmaron los decretos para combatir a la subversión– y los dirigentes radicales Facundo Suárez Lastra, Horacio Jaunarena y Enrique Nosiglia. También está citado el ex policía entrerriano Carlos Ramón Balla.
Las audiencias serán los días miércoles, jueves y viernes y es casi un hecho que se desarrollarán en el edificio que perteneciera al Comando de la Segunda Brigada Blindada, donde se realizaron los tristemente célebres consejos de guerra entre 1976 y 1977. Además, habrá inspecciones oculares en los regimientos militares de Villaguay, Concordia y Gualeguaychú, en la Jefatura Departamental de Policía de la Capital del Citrus y en la sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.
El tribunal estará integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, mientras que el juez sustituto saldrá, seguramente, de Juan Carlos Vallejos y María Ivón Vella. En tanto, los fiscales serán Marina Herbel y José Ignacio Candioti.
Los hechos. Los represores están acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos. En este caso se investigan la violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de torturas contra seis delegados de Luz y Fuerza, nueve estudiantes secundarios en Concepción del Uruguay; el secuestro de siete militantes de Gualeguaychú, un periodista en Concordia y otro joven de Villaguay; y la desaparición forzada de dos militantes concordienses y una gualeguaychuense.
Sixto Francisco Zalasar era un empleado ferroviario y estudiante de medicina de 26 años, estaba casado y tenía tres hijos. Cuatro hombres, que luego se supo que eran militares, lo secuestraron de la puerta de su casa de Concordia el 26 de mayo de 1976, delante de su familia. Julio Alberto Solaga tenía 25 años y era bioquímico, aunque trabajaba en un escritorio comercial de una explotación forestal de cuando fue secuestrado el 22 de noviembre de 1976. Tres personas se lo llevaron a punta de pistola de su casa. Se supo que ambos estuvieron en los calabozos del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” de Concordia y aún permanecen desaparecidos. Norma Beatriz González tenía 20 años cuando fue secuestrada, el 12 de agosto de 1976, en un operativo del Ejército con apoyo de la Policía de Entre Ríos, cuando salía de su trabajo en el supermercado El Picaflor de Gualeguaychú.
La investigación se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná asumió el conocimiento del proceso, ante la falta de resultados de las actuaciones en los tribunales militares; se archivó tras la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida; y se retomó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay tras la declaración de nulidad de ambas normas.
Luego se sumó la causa por el secuestro de estudiantes secundarios, a partir de una denuncia presentada en 2006 por César Román, un profesor de Historia radicado en Mar del Plata, quien sindicó a policías federales de Concepción del Uruguay como miembros del grupo de tareas que lo secuestraron en julio de 1976 en la puerta de su casa y lo trasladaron a la sede local de la Policía Federal, donde fue sometido a torturas.
Después de 35 años, estos hechos serán analizados por un tribunal y entonces comenzará a saciarse esa necesidad de justicia para quienes cometieron los crímenes más atroces de la historia argentina.
