Según una disposición cautelar adoptada en 2016 por el Supremo, toda condena puede comenzar a ser ejecutada a partir de la confirmación en una segunda instancia, lo que es el caso del histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT).
La defensa de Lula alega que, de acuerdo con la Constitución brasileña, una persona no puede ser encarcelada antes de que sean negadas todas las apelaciones posibles, las cuales aún contemplan como próximas instancias al Superior Tribunal de Justicia y al propio Supremo.
El primer paso hacia una posible detención de Lula será dado hoy en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) de la ciudad de Porto Alegre. El 24 de enero, esa corte ratificó y aumentó de nueve a doce años de cárcel la condena dictada por un tribunal de primera instancia contra Lula por la supuesta aceptación de un departamento en la ciudad de Guarujá de parte de la constructora OAS a cambio de favores.
Sin embargo, Lula dice ser víctima de una “persecución política”, y negó esas acusaciones. Tras el fallo del TRF4, la defensa del ex mandatario presentó lo que se conoce en la jerga judicial como “embargo de declaración”, un recurso en el que se solicita un esclarecimiento de la decisión judicial y contesta la redacción de la sentencia.
Si los tres magistrados de esa corte aceptan hoy esa apelación, la sentencia no sería anulada ni revisada, pero sí se prolongaría el plazo para su ejecución.
En el caso más probable, que sería la negación de ese recurso, el TRF4 podría ordenar el cumplimiento de la sentencia, pero aún así el encarcelamiento de Lula quedaría pendiente del fallo que la Corte Suprema anunció para el 4 de abril.
