Según consigna un informe de El Diario, en una provincia que destina $ 97 de cada $ 100 que se invierten en educación al pago de los salarios de los 35 mil docentes, no es extraño que la infraestructura escolar tenga serios baches y que además se registren profundos atrasos tecnológicos.
El informe citado añade también que en la provincia sólo el 40 % de las 151 escuelas secundarias analizadas (a las que asiste una población de 28.273 alumnos) ha procurado resguardar su equipamiento informático con elementos de seguridad en las escuelas, y que apenas un 17 % consiguió que los alumnos accedan a conectarse a Internet.
Sobre la base de ese relevamiento, que concluyó en diciembre de 2004, el Ministerio de Educación de la Nación puso en marcha el Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (Promse), un plan que para su implementación demandará un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que se divide en dos partes: el mejoramiento de la calidad y equidad en educación, y la expansión de la infraestructura escolar. Para ello se pusieron en foco 6.700 establecimientos de nivel medio, de los cuales se seleccionarán casi 2.000 para su participación en diversas acciones, según los siguientes requisitos de elegibilidad: que pertenezcan al sector estatal, y que además tengan seis o más secciones en al menos un ciclo o ser oferta única en la localidad. Pero la asistencia no será toda de la Nación, sino que habrá responsabilidades compartidas con las provincias. El Ministerio de Educación aportará libros, equipamiento informático, consultoría y capacitación. Y cada jurisdicción pondrá mobiliario, obras menores, aulas de informática, redes, consultoría y capacitación. La participación de cada provincia, a su vez, se concreta a través de la firma de convenios de adhesión en los que se establece qué aporta cada jurisdicción.
Además, las condiciones que se exigen para sumarse al proyecto es crear una Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ), dotada adecuadamente y sustentada en normativa jurisdiccional específica; asegurar la disponibilidad de recursos físicos y materiales que aseguren la correcta ejecución de las distintas líneas de acción en la jurisdicción; mantener registros contables independientes y gestionar la apertura de cuentas bancarias detalladas en los reglamentos operativos.
DIAGNÓSTICO
Previo al desembolso de los fondos, el Ministerio de Educación monitoreó la situación de las escuelas a beneficiar. De los 1.888 establecimientos relevados, se estableció que en total cuentan con un parque de equipamiento informático que asciende a 16.194 PC. De esas computadoras, cerca de un 49 % son adecuadas, y el 51 % restante son consideradas inadecuadas.
Aunque la distribución de ese equipamiento es de manera desigual. Por ejemplo, en Buenos Aires actualmente sólo el 21% de las computadoras de las escuelas son adecuadas y en Tierra del Fuego, el 74 %. De todos modos, 19 jurisdicciones tienen entre un tercio y dos tercios de su equipamiento adecuado. Además, el promedio nacional muestra que existe una PC cada 47 alumnos en el total de las escuelas relevadas. Por debajo de ese promedio se encuentran las provincias de Tierra del Fuego (16 alumnos por PC); Córdoba y Río Negro (23); La Pampa (28 ); Neuquén (30); Mendoza (31); Santa Fe (42); San Luis (43 ); Santa Cruz (44) y Catamarca (45). Y por encima de ese promedio nacional se hallan las provincias de Formosa (113 alumnos por PC); Buenos Aires (112); Chaco (78 ); Santiago del Estero (65 ); Entre Ríos (62 ); Misiones (61); Corrientes y Jujuy (58 ); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (57 ); Chubut (56 ); La Rioja y Salta (55); Tucumán (53) y San Juan (48 alumnos por PC).
Además, en el total de establecimientos relevados, actualmente el 77 % cuenta con sala de Informática, aunque también aquí la distribución por jurisdicción muestra situaciones heterogéneas entre las provincias: un grupo de provincias tiene promedios superiores a la media nacional: Neuquén, Tierra Del Fuego, San Luis, Corrientes, Santa Cruz, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Misiones, Tucumán, San Juan. El porcentaje de establecimientos con sala de informática es menor que la media nacional en el resto de las provincias.
