La ordenanza, sancionada hace más de 10 años, establece que los carteles tributan bimestralmente de acuerdo a su superficie: los de hasta 1 m², $ 20, de más de 1 m² y hasta 3 m³ $ 30 y más de 3 m² $ 40. “No creo que ningún comercio no pueda tener $ 20”, dijo la fuente consultada al respecto.
“Acá no se persigue ningún fin recaudatorio sino de ordenamiento de la ciudad. Sino le ponemos un coto a esto, mañana vas a ir caminando y te vas a tropezar los carteles”, agregó. En tal sentido, para añadir datos a la afirmación respecto de la incidencia en las cuentas municipales, el mes pasado Rentas recaudó cerca de $ 14.000 por la tasa, una cifra ínfima si se compara con la tasa de Higiene que suele reportar cerca de $ 3.500.000.
La notificación comenzó en diciembre del año pasado y le otorga al comerciante 10 días para contestar el formulario y aunque no tenga carteles debe responder. En Rentas están facultados para multar a quienes no devuelvan el formulario por omisión pero hasta ahora no han emitido ninguna sanción y siguen recepcionando las planillas más allá del tiempo transcurrido. La decisión se debe a que quieren evitar que se perciba a la decisión de cobrar los carteles como de índole recaudatoria.
Por otra parte, desde la repartición no están de acuerdo con que se suspenda la aplicación de la tasa por 120 días tal como pidió el Centro de Comercio e Industria de la ciudad, aunque aclararon que la decisión final la tiene el intendente Gustavo Bordet. “Yo les pedí que si no están de acuerdo que presenten un proyecto para modificar la ordenanza pero me parece que lo que trajeron al Concejo fue el pedido de suspensión y nada más”, dijo la persona consultada.
Inclusive, en el municipio no descartan que en la entidad intermedia que agrupa a los comercios de la ciudad haya cierta animosidad debido a la aprobación del Concejo Deliberante del cierre de dos calles internas de un terreno de cuatro manzanas para la instalación de un mayorista. El Centro de Comercio había solicitado que no se otorgase el permiso hasta que no se lleve a cabo un estudio de impacto socio-económico pero ese requisito no se cumplió.
En el formulario que se entrega a cada comerciante se establece que el proceso de fiscalización busca “una correcta organización de la cartelería en la vía pública, atendiendo razones de seguridad vial y contaminación visual”. “Esto es así en las ciudades grandes está establecido que los carteles son polución visual”, indicó la fuente.
Por ejemplo, en Capital Federal el Ejecutivo porteño presentó un proyecto en la Legislatura para restringir los tipos de carteles publicitarios que se pueden instalar en las calles. La idea es combatir la contaminación visual, porque, según admite el Gobierno, hoy el 70% de los carteles, unos 30.000, están en infracción. Se prohibieron los carteles con sponsor: un quiosco o bar no puede tener en el frente marcas de gaseosas o golosinas.
Hay otros ejemplos de grandes ciudades, como San Pablo, donde se ha prohibido la instalación de carteles en vastas zonas urbanas. La legislatura prohibió la polución visual, y se derribaron todos los carteles, marquesinas de restaurantes y comercios que sobresalían de sus frentes.
