En ese sentido, Romero sostuvo que dentro del extenso articulado de la norma, se dispone, entre otros puntos, que «quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y disposición final de envases de productos fitosanitarios cuyo empleo, manipulación y/o tenencia a cualquier título comprometa la calidad de vida de la población y/o el medio ambiente».
En este sentido, la diputada consideró que «la Argentina se ha convertido en uno de los mayores consumidores de glifosato a escala global, no estando nuestra provincia exenta de esta creciente demanda destinada a profundizar el evidente fenómeno de la ‘sojización’, que como cultivo hegemónico en el modelo de producción agrícola argentino, nos somete a un alto costo ambiental y humanitario».
«Frente a esta realidad entonces, consideramos de suma utilidad contar con un soporte normativo modernizado que claramente deberá verse acompañado de una fuerte política de control y fiscalización de la utilización de estos productos», completó la legisladora.
Es así, que en otro de sus artículos se dispone la creación de un “Fondo Especial para la Fiscalización y Promoción del uso racional de Productos Fitosanitarios”. Al respecto, la diputada aclaró que «dicho fondo se verá integrado por los aranceles que perciba la autoridad de aplicación en concepto de inscripciones, por las multas que se impongan por la aplicación del nuevo régimen, por liberalidades que reciba y por todo otro recurso que presupuestariamente se le asigne».
Finalmente, Romero expresó: «tenemos la convicción de que estamos frente a un problema que recién está comenzando a mostrar sus nocivos efectos, los cuales, se verán agravados en un futuro si no se toman medidas de diverso orden para prevenir todo cuanto sea materialmente posible».
El proyecto ingresó a pocos días de que otro similar fuese presentado en la Cámara Alta. En la sesión de la semana pasada tomó estado parlamentario, y fue girado a la comisión de Producción, un proyecto de ley para regular el uso de sustancias químicas en Entre Ríos. La iniciativa fue suscripta por los representantes de Concordia y Colón, Enrique Cresto y Oscar Arlettaz, respectivamente. La idea es dar protección a las áreas urbanas, definiéndolas como la zona edificada de ciudades y pueblos de la provincia y su área circundante, hasta 1.000 metros del límite de construcción.
