El gerente regional del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Carlos Olivera, anunció la semana pasada que el 15 de octubre próximo se realizará el sorteo de 293 viviendas de carácter económicas (que aún no están terminadas), con un sólo dormitorio, y con un costo de 48.000 pesos cada una.
Indicó que para estos tres grupos de viviendas hay “1837 inscriptos, de los cuales figuran con la categoría de “demanda libre” 1440 familias; otro cupo de 140 viviendas será destinado a personal de policía y 97 son los denominados “casos especiales”, son las que normalmente se adjudican a “referentes políticos barriales”.
El funcionario admite que hay aproximadamente unas 7.000 familias concordienses inscriptas en el Registro Único y Permanente de Demanda que tiene el organismo provincial, que imaginan beneficiarse con una vivienda. Esto representa casi un 20 % de los hogares concordienses que están inscriptos, porque reúnen los requisitos mínimos para solicitar una vivienda. Ahora, el Estado provincial no ignora que hay una demanda que se denomina “demanda oculta”, que no reúne esos requisitos, que es un ingreso familiar entre 600 y 2.000 pesos. Esto significa un porcentaje similar de familias que necesitan viviendas.
No es cuestión de números, pero las cifras sirven para explicar de alguna manera, la inoperancia por parte del IAPV, primero en proyectar y luego en producir viviendas y fundamentalmente controlar, aún con presupuestos.
El estado provincial entregó a fines del 2006 en nuestra ciudad, 320 viviendas del Programa Federal Solidaridad Habitacional, donde la Nación financia la totalidad de las viviendas, demandó 19 meses (quinientos ochenta días) para su construcción, cuando en realidad la tenían que haber hecho en 8 meses. Deduciendo, se construye casi media vivienda por día, cuándo la demanda habitacional en ese lapso supera quince veces más.
Entre junio y julio de este año se entregaron 32 viviendas en el barrio ATE; y tienen proyectado entregar antes de fin de año 293 viviendas (las anunciadas por el funcionario Olivera), y 51 más en el barrio del Centro Empleado Comercio en Colonia Adela, que tampoco han sido terminada.
O sea la gestión del gobernador Busti terminará construyendo sólo 696 viviendas para una demanda de 7.000 familias concordienses inscriptas.
Es irrebatible que la gestión del gobernador Jorge Busti poco avanzó en entender que la política social que tenga como objetivos combatir integralmente la pobreza, la marginalidad y la desigualdad, no puede dejar de lado la problemática del déficit de viviendas. Más aún, las políticas de mejoramiento de viviendas “deficitarias recuperables”, son condicionantes también para el éxito de las demás políticas sociales, en el marco de los principios de un desarrollo urbano sustentable.
Sería interesante que el próximo gobierno tome en cuenta las palabras de los funcionarios que dejan este. En este sentido es para destacar lo dicho por el propio responsable del organismo, José Cáceres : “en la provincia, no podemos hablar de más de 3 mil viviendas anuales que se pueden construir (cuándo la demanda es de 40 mil). Esto porque no hay capacidad empresarial, no hay mano de obra calificada, y creo que nosotros como organismo del Estado debemos avanzar un poco más en nuestra capacidad administrativa. Por eso seguramente vamos a ir atrás de la demanda”.
