Dicho de otro modo, de las 18.200 boletas que se emiten regresan abonadas únicamente 4.500. El índice de recupero es demasiado bajo (24,725 por ciento) y el de morosidad altamente preocupante (75,275 por ciento). Se trata de la cara y ceca de un mismo asunto: el sostenimiento de un sistema solidario en el que buena parte de la inversión futura se funda en la capacidad de recobro de anteriores créditos.
El programa de regularización, que empezará a regir a partir del lunes 2 de agosto y por espacio de 60 días, es ciertamente complejo de transmitir dado que atiende a la especificidad de muy diferentes situaciones que pueden presentarse por lo que lo más aconsejable es que los interesados recurran en Paraná a la sede de calle Laprida del IAPV, a las delegaciones del interior y en el caso de las localidades donde no haya lugares de atención permanente el organismo dispondrá la formación de comisiones especiales.
La gerente comercial del IAPV, contadora Elsa Yáñez, comentó que “nosotros ya tenemos una bonificación anual: para la gente que está al día con los pagos durante último ejercicio se le bonifica la cuota de enero del siguiente; ahora, al implementarse este plan se hace una consolidación de capital para todos de modo que al que esté al día al mes de julio, le bonificamos la cuota de septiembre”. De esa forma y para esos casos, el Instituto descontará dos cuotas de 2004.
La entrevistada refirió que “al comenzar esta gestión la morosidad era del 80 %” y que, si bien se mejoró la recaudación, “creemos que con este plan de regularización el recupero se elevará mucho más”. En ese sentido comentó el espíritu de la moratoria. “Se le da la oportunidad a los adjudicatarios de que puedan hacer un plan accesible, es decir, con una cuota que puedan pagar”, dijo al remarcar que “históricamente, se firman los convenios, abonan dos o tres cuotas y no pueden seguir pagando porque, con la deuda vencida, se le aumenta la cuota normal”.
La contadora Yáñez se refiere que “habrá cuatro o cinco opciones” para los montos mensuales con que se irá saldando lo adeudado. En ese marco, puede ubicarse el programa de escrituración llevado a cabo en la gestión anterior. “Con el fin de escriturar, la gente firmó convenios y cumplió con las cuotas durante un tiempo, pero no pudo mantenerse dentro del régimen”, señaló.
Cuando se le preguntó qué nivel de morosidad sería aceptable, conforme la performance de otros institutos provinciales, la contadora Yáñez comentó a El Diario que “jurisdicciones con muy buen recupero tienen una morosidad de entre el 20 y el 30 por ciento”, mientras en Entre Ríos supera con amplitud el 70 por ciento.
Recuperar la autoridad del IAPV, tal el objetivo que repite cuanto funcionario del organismo es consultado. Independientemente de la necesidad de imponer un tratamiento igualitario a los adjudicatarios y de procurar los medios para mejorar los ingresos propios, el Instituto precisa optimizar el recupero por la sencilla razón de que la Nación distribuye fondos para construir viviendas según una ecuación que, entre otros factores, contiene el del nivel de cobranza.
“El elevado índice de incumplimiento, en la mayoría de los casos, ha sido producto de la crisis socioeconómica que sufrió el país en los últimos años y, en la provincia de Entre Ríos, se acentuó durante la vigencia de los Bonos Federales”, dicen los considerandos al remarcar que entonces queda justificada la instrumentación de “mecanismos de regularización que contemplen estas situaciones, alentando las conductas comprometidas con la solidaridad y el bien común, con premios y acciones de reconocimiento que alienten la cultura de pago” pero, también, “haciendo hincapié en los perjuicios y penalidades para el caso de incumplimientos”, entre ellos, el mismísimo desalojo. Fija también un criterio.
“El principio de equidad debe traducirse en la valoración particular de la capacidad contributiva de cada grupo familiar, exigiendo mayor compromiso a quienes tienen más capacidad de pago y aplicando políticas contemplativas con quienes detentan una situación socioeconómica más frágil, sin que esto signifique violentar de manera alguna el principio de igualdad, que implica igualdad de trato ante igualdad condición”.
Para que no queden dudas, se agrega más adelante. “Transcurrido el plazo de vigencia del plan y no habiéndose presentado voluntariamente el adjudicatario, caducará la oferta de condonación de intereses por mora” y, entonces, “sobre el capital consolidado se calcularán las nuevas cuotas con el interés de financiación original y en el plazo restante”. Se concluye así que “la nueva deuda así conformada será exigida siguiendo los pasos administrativos y legales correspondientes”. Lo propio ocurrirá cuando, aún suscribiendo el convenio, se incurriera en incumplimientos.
