La ley 26.216 fue sancionada el 20 de diciembre de 2006 y promulgada parcialmente el 11 de enero de 2007. El programa de alcance nacional forma parte de una política integral de control y prevención de la violencia armada, que incluye medidas de control del mercado legal y de persecución del mercado ilegal de las armas de fuego.
Según se informó a AIM desde el Registro nacional de armas (Renar), el programa nacional de entrega voluntaria de armamento se lanzó, “con el fin de disminuir el uso y proliferación de armas, evitar accidentes y eventuales tragedias generadas por la facilidad de acceder a un arma y promover la cultura de la violencia”.
De hecho, esa entrega tiene una retribución: el propio Estado le compra esas armas para luego destruirlas. Es que, según se admitió desde el organismo, “la experiencia mundial indica que lo que mejor funciona como incentivo es un monto de dinero”.
Con este plan, una persona que tiene un arma no reglamentada, puede recibir hasta 450 pesos por entregarla anónimamente, en las bocas habilitadas por el Renar, dependiendo del calibre y el tipo de arma. Por una pistola calibre 22, el incentivo es de 100 pesos, por una 9 milímetros ó una 11.25, es de 400 pesos; y por carabinas y escopetas, es de 150 pesos.
El programa de entrega voluntaria de armas que dependía del ministerio del Interior de la nación pasó a depender de la secretaría de Derechos humanos, y la ley se prorrogó por 180 días hábiles, por lo que funcionará hasta fines de este año.
En Entre Ríos, la única delegación del Renar está en calle Ferré 42, y el horario de atención es de 7 a 13.
El titular del Registro provincial de armas, dependiente de la policía de Entre Ríos, Alfredo Colazzo, explicó que la repartición “maneja todo el registro de compradores y renovaciones de titularidad para la posesión de armas de fuego” y allí “se realizan todos los trámites de aquellas personas que reinscriben su registro como legítimos usuarios y todas las tramitaciones para coleccionistas, comercios y técnicos”.
Aunque señaló que “a veces se realizan estadísticas”, actualmente “no es posible conocer la cantidad exacta de ciudadanos que poseen armas” y consideró que “la provincia no es ajena a la situación nacional, y hay mucha gente que registra”.
Subrayó que “el registro provincial se tomó como referencia a nivel nacional para instrumentar la ley nacional de armas y explosivos 20.429, a través del Renar, es decir que nuestra provincia es una de las pioneras en cuanto a actividad registral de armas de fuego”.
No obstante, reconoció que “también hay situaciones con las armas ilegales” y destacó que “la policía ha secuestrado mucha cantidad de armas durante el año pasado y lo que va de este año”. En cuanto al destino de esos elementos, comentó que “básicamente quedan a disposición de la justicia, pero hay diversas situaciones ya que a veces se trabaja con recursos naturales por el tema de la caza, por ejemplo”.
“Por el contrario, con la entrega voluntaria de armas se procede a la destrucción. Primero se las inutiliza y luego pasan a fundición”, aclaró.
Sostuvo que no se observa un incremento de la posesión de armas por parte de los ciudadanos teniendo en cuenta la creciente inseguridad que vive el país, y dijo que “por el contrario, con el programa de entrega voluntaria hay mucha gente que se acogió a los beneficios de esa ley”.
“La gente adquiere armas porque practica la caza o alguna actividad deportiva pero de ninguna manera se trata de la situación de defensa personal por cuestiones de inseguridad, aunque puede darse algún caso aislado”, sentenció.
