“Esto demuestra la falta de transparencia en las provincias. Las declaraciones juradas no son un instrumento infalible, pero permiten monitoreos externos para prevenir la corrupción”, dijo a LA NACION Christian Gruenberg, director de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
Cualquier persona puede conseguir, en menos de una semana y con un sencillo trámite vía Internet, una copia de la declaración jurada de la Presidenta y de sus ministros. Pero sólo a una minoría del país le es posible conocer los bienes de los gobernantes de sus provincias.
Las provincias en las que prevalece el secreto son Entre Ríos, Río Negro, San Luis, Formosa, Santa Cruz, Neuquén, Catamarca, Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Corrientes. En Formosa, la situación es aún peor, ya que el gobernador y sus funcionarios no están obligados a declarar sus bienes, según denunció el diputado provincial Martín Hernández (UCR).
En Entre Ríos hubo un intento de hacer más accesibles las declaraciones juradas, pero el proyecto que el Poder Ejecutivo envió en 2006 no se aprobó aún en la Legislatura. También en Santa Cruz, donde Néstor Kirchner gobernó de 1991 a 2003, el gobernador Daniel Peralta prevé impulsar cambios en la legislación.
Las declaraciones juradas son un instrumento de prevención de los delitos contra la administración previsto en la Convención Interamericana contra la Corrupción, a la que la Argentina adhiere desde 1997. Allí se establece que en los países federales las provincias deben adecuar su legislación a las normas nacionales. Las declaraciones de los funcionarios de la Nación son públicas desde fines de 1999, con la sanción de la ley de ética pública.
Tres años más tarde, la Justicia abrió una causa por ocultamiento de bienes contra el ex presidente Carlos Menem, que ya está en etapa de juicio oral. Este año comenzó una investigación sobre los bienes de los Kirchner, como consecuencia de la publicación de la evolución patrimonial de la pareja presidencial.
