El titular de Sidecreer, Nelio Calza, explicó que en enero presentó junto a la ministra de Salud y Acción Social, Graciela Degani, una propuesta a las autoridades nacionales para que a través del sistema se abone el plan, puesto que tiene la estructura para hacerlo.
Aclaró que hasta ayer a la tarde, no había recibido la confirmación desde la Nación de la puesta en marcha del sistema, aunque se mostró esperanzado de lograr la aceptación del gobierno porque es “importante” para la tarjeta. Dijo además, que el plástico es uno de los pocos en el país que tiene “muchos comercios adheridos”, superan los 8.000, acotó.
El funcionario estimó que “sería positivo” implementarlo primero en uno o dos departamentos, para ver cómo se desenvuelve y luego hacerlo extensivo a toda la provincia.
Explicó que el inconveniente que se presenta, es que los beneficiarios deberían consumir la totalidad del monto porque el sistema no tiene posibilidades de extraer dinero, porque “es una tarjeta de compra” y explicó que en Entre Ríos no está preparada la estructura de cajeros automáticos para que en un día concurran los 57.000 beneficiarios a retirar 150 pesos cada uno. De todas maneras, indicó que las autoridades nacionales aseguraron que les interesaba la propuesta.
Sidecreer en la actualidad tiene alrededor de 35.000 socios y tiene proyectado un programa de inversiones que lo pondría en condiciones de incorporar a los 57.000 beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
El funcionario aseguró que con la adhesión del sistema de jefes de hogar a la tarjeta, se transparentará el plan, “siempre y cuando se entregue una base de dato cierta y concreta”. El funcionario estimó que a los beneficiarios también les serviría el cambio, porque no harán las colas “humillantes” que deben realizar en la actualidad para cobrar el plan y se evitará el cobro “un porcentaje por parte de los punteros políticos, que es el objetivo del gobierno Nacional”.
Precisó que una vez que el beneficiario obtenga la tarjeta podrá comprar cuando y donde necesita, y también abonar los servicios. El proyecto, según el gobierno nacional, busca favorecer la transparencia y evitar que los desocupados sean perjudicados por punteros o jefes piqueteros que suelen hacer de intermediarios y se quedan con el control político y a veces hasta con un porcentaje del subsidio.
