La ley nacional Nª 27351, sancionada en 2017, establece que un régimen especial para las familias que tenga un integrante de la misma caracterizado como electrodependientes por cuestiones de salud. Se trata de “aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud”.
En el artículo 2º se establece que el titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud “tendrá garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente”. El medidor de dicho domicilio deberá estar debidamente identificado. Y el 3° garantiza “un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional”.
Además, en el artículo 6º se señala de la ley nacional que la empresa distribuidora entregará al titular del servicio “un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, sin cargo incluyendo los costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus necesidades” y en el 7º se establece la necesidad de “habilitar una línea telefónica especial gratuita de atención personalizada disponible las 24 horas incluyendo días inhábiles”.
Por su parte, Lena dijo que se trata de personas con patologías de tipo respiratoria. “No soy médica, pero hay algunos con patologías de nacimiento y otros con patologías ocurridas luego de haber tenido un accidente y necesitan esa estimulación para poder seguir viviendo”, remarcó. En muchos casos, “duermen toda la noche con un respirador conectado a la energía, aunque, por ahí, de a ratos no lo necesiten”.
Lena recordó que hubo una reunión en la Legislatura con personal de la Secretaría de Energía y de la empresa provincial de energía Enersa. “No tuvieron intención. No hubo voluntad de hacerlo y si el Estado provincial no tiene voluntad los legisladores oficialistas no siguen el tema”, dijo.
Una de las respuestas esgrimidas para oponerse a esa iniciativa era que la empresa provincial ya cuenta con un régimen especial. En efecto, una resolución del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) vigente establece una tarifa diferencial para los electrodependientes (que es de 1,55 pesos en lugar de 3,73 para los primeros 100 kilovatios que paga el usuario residencial, más los impuestos correspondientes). La legisladora chajarisense dijo que pagan menos pero, de igual modo, “pagan un montón”. En cambio, si se aprobase la norma, el consumo sería gratuito. “Cuando hicimos los números, que fue antes de las últimas dos subas, para la persona que necesita pero le viene $ 10.000 por mes es una barbaridad pero Enersa o las Cooperativas no se van a fundir”, acotó.
Además, manifestaron que estaban en desacuerdo con la responsabilidad que podrían tener en caso de un corte de luz. “El proyecto los obliga a proveer de un grupo electrógeno en el caso de que se corte la luz. Eso está en la ley nacional. Ellos manifestaban que no querían tener ese compromiso de la responsabilidad que podía llegar a suceder si se le cortaba la luz al paciente”, recordó Lena.
De la misma forma, indicó que desde la empresa se quejaron respecto de los excesos que se producían con el régimen especial. “Que ponían freezers o los motores de las piletas pero hay gastos que tiene que ver con la rehabilitación. Yo tengo conocidos que son electrodependientes y las piletas las usan para rehabilitación. Son piletas chiquititas. No hubo voluntad”, mencionó.
Luego de ese encuentro, la legisladora admitió que no pudo lograr que el tema se trate en alguna comisión en la Legislatura. De todas maneras, anticipó que insistirá con el tema. “No se trató en la Cámara. Se trató en comisión. Está en la comisión de legislación general. Hay uno parecido de la diputada (Emilce) Pross que también está en la misma: intentando que se trate”.
Mientras tanto, el jueves próximo, en Concordia, se aprobará un proyecto de ordenanza presentad por la concejala Magdalena Reta de Urquiza (Cambiemos) dijo que, teniendo en cuenta la falta de adhesión de la provincia a la ley nacional, al menos intenta que en Concordia las familias no paguen la tasa de alumbrado público. La iniciativa ya tiene despacho favorable de comisión y anticipó que se va a aprobar en la sesión del próximo jueves. “Conozco algunos casos en Concordia, no creo que sean tantos. El costo financiero para la municipalidad no creo que sea tanto”, expresó.
