“Con este proyecto que hoy se ha enviado al Congreso, el Estado Nacional recupera definitivamente su rol de previsor social. Esta medida va en la dirección que desde 2003 se viene tomando en materia de seguridad y previsión social. La política de este gobierno ha sido clave para atender a los trabajadores, priorizando a quienes han trabajado y aportado por sobre los intereses de los capitales que están detrás de las AFJP», afirmó.
La legisladora entrerriana hizo especial referencia a la provincia, al destacar que “en Entre Ríos hay cerca de 177 mil personas afiliadas a AFJP, de los cuales solo está aportando el 35% y que con esta ley podrán volver a asegurar sus jubilaciones y no depender de los vaivenes del mercado”.
En este marco, Osuna recordó que «la privatización del sistema de jubilaciones produjo el desfinanciamiento del sistema previsional, poniendo en peligro el futuro de las nuevas generaciones y la capacidad de recaudación fiscal. El primer paso para salir de ese sistema lo dio el gobierno cuando habilitó la libre opción jubilatoria, permitiendo que 1,5 millones de personas volviesen al sistema de reparto”.
La senadora puso de relieve que este proyecto «ubica nuevamente al Estado como actor fundamental del sistema jubilatorio y significa la superación de políticas que postergaron a millones de argentinos y pusieron a los trabajadores como botín de las AFJP»
Según Osuna, la importancia de este anuncio es que «el Gobierno reafirma su opción por la seguridad social como instrumento para impulsar políticas que mejoren la distribución del ingreso», no sin antes mencionar otros pasos que ha dado este Gobierno en materia previsional, «teniendo como prioridad el beneficio y fortalecimiento del sector de los trabajadores y de los jubilados y pensionados», acotó.
Respecto del proyecto, Osuna aseguró que “el mismo está respaldado y se enmarca en la política del gobierno de creación y dignificación del trabajo y de reconstrucción del sistema previsional argentino que comenzó en 2003, con progresivos aumentos de los haberes, la sanción de leyes de inclusión del sector, como la moratoria previsional, la libre opción jubilatoria y la jubilación anticipada por desempleo”.
En este sentido, resaltó la reciente aprobación de la ley de movilidad jubilatoria, a la que definió como “el respaldo legal que se necesita para responsabilizar al Estado a aumentar los haberes jubilatorios dos veces al año, en marzo y septiembre, acompañando la evolución salarial de los trabajadores en actividad y los recursos de Anses, más allá de quien gobierne.”
