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En Entre Ríos hay 1.752 encarcelados y supera la capacidad de cárceles

A principios de enero, el Director General del Servicio penitenciario, José Luis Mondragón, señaló que “hemos tenido que alojar internos en lugares donde antes funcionaban oficinas”.

Esto sería sólo un dato estadístico, pero si se le agregan algunos números de la educación en nuestra provincia la relación inversa llama la atención.

Del entrecruzamiento de datos estadísticos de la Dirección Nacional de Información y Evolución de la Calidad Educativa emerge con contundencia un dato: cae el número de alumnos en el nivel primario entrerriano. Mientras en el año 2004 había 156.423 estudiantes primarios, en 2013 esa cifra es de 147.063. La conclusión es bien clara y contundente: Las escuelas de nivel primario de la provincia de Entre Ríos tienen 9.360 alumnos menos que hace 10 años atrás.

Este informe tan ilustrativo que apareciera hace algún tiempo muestra la sensible caída en el número de alumnos, según los informes oficiales del período 2004 hasta el 2013, en el período que algunos han decidido llamar como la “década ganada”.

Asistimos hoy a lo que parece ser una tendencia a la hora de analizar los temas que más preocupan a la sociedad. Una intención deliberada en desvincular las cuestiones sociales de lo penal o relacionado con el delito.

En este sentido, en la agenda de los gobiernos nacionales y provinciales aparecen la inseguridad como tema central y la discusión sobre baja de edad de imputabilidad como posible solución, a pesar de que medidas similares no dieron resultados positivos.

No se ve en la agenda de los medios y de los gobiernos, una intención clara de aplicar políticas de Estado tendientes a brindar un abordaje interdisciplinario, con un rol más protagónico de la educación, en la búsqueda de inclusión y justicia.

Sin educación no será posible una sociedad integrada, diversa y afianzada en valores de la tolerancia, el respeto y la solidaridad.

La desigualdad, que se traduce en económica, educativa, sanitaria, y en el acceso a la Justicia, es la cuestión de fondo que debería estar en el primer renglón de las agendas gubernamentales.

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