En un primer momento, los abogados defensores de los militares habían basado su apelación al fallo del juez de primera instancia a partir de dos argumentos con los que pretendían que “se suspenda el tramite de la presente causa y específicamente respecto a toda medida restrictiva de la libertad”: por un lado, planteaban la inconstitucionalidad de la ley 25.779; y por el otro, el principio de “cosa juzgada” respecto de los hechos que se investigan. Si bien el máximo tribunal argentino no tiene un tiempo para pronunciarse, se estima que ahora que está completo con la asunción de Carmen Argibay, están dadas las condiciones para analizar cada uno de los planteos que han llegado y expedirse sobre todos al mismo tiempo, aunque en realidad no se trata de otra cosa que meras especulaciones.
