Aunque no está establecido explícitamente en algún lugar del convenio que las termas deben abrir sus puertas los días de semana, Cedro argumentó que una decisión como tal debe ser consultada y justificada con el municipio. “Una vez que plantee la situación, debemos considerar las justificaciones y las acreditaciones para darle la razón o no”, indicó Cedro.
¿La falta de turistas es un argumento válido para cerrar? “Entiendo que es un argumento que se puede tener en consideración”, respondió el edil. No obstante, insistió con que deben cuidarse las formas. En este caso, consultar al municipio antes de tomar la decisión. Además, señaló que otra cuestión que debe ponderarse es que “las termas no sólo son para los turistas sino también para los ciudadanos de Concordia”.
Más adelante, señaló que si Verter decide accionar en forma inconsulta, no sólo van a pedir una interpelación y las explicaciones correspondientes. Si encuentran un eventual incumplimiento contractual, tomarán “las medidas del caso”. No fue más explicito al ser consultado sobre las posibles sanciones. “Tendrán que ver en función de la gravedad del accionar del concesionario y si existe alguna vulneración al acuerdo”, dijo Cedro.
No es tarea sencilla encontrar el marco legal sobre el que descansa las termas de Concordia. La comisión de seguimiento fue conformada durante el último año de la gestión anterior. Transcurrido más de un año desde que se formó, incluyendo el cambio de gobierno y el recambio de sus integrantes, aún se encuentran recabando documentos desperdigados por las distintas oficinas municipales. “En la última reunión que tuvimos, pedimos a cada área específicamente que tenga relación con la explotación que nos haga un informe detallado de cómo está planteada la concesión”, dijo el concejal.
En consecuencia, indicó que la idea de los integrantes es reunir toda la documentación para tener “un panorama los más completo posible”. A partir de ese momento –Cedro dijo que la semana que viene podrían avanzar hasta ese punto- la comisión realizaría “un seguimiento estricto y regularizar todas las áreas que se consideren que no estén en un estado ideal o como se la plantea en el convenio”.
