De acuerdo al mencionado informe, “la hipótesis de evasión se confirma por el resultado de los operativos de fiscalización” que viene realizando el organismo encabezado por Ricardo Echegaray. El comentario se refiere a los operativos en lugares de acopio de granos y los controles en ruta, que el último año y medio han permitido detectar 7 millones de toneladas de granos comercializados “en negro”, valuadas en cinco mil millones de pesos, con una evasión calculada en 600 millones de pesos. Como resultado de las denuncias de dichas operaciones, se concretaron 211 allanamientos, que derivaron en la imputación de 271 personas, que van desde detenidos a los simplemente denunciados. En su mayoría, se trata de profesionales (abogados, contadores, escribanos, martilleros, médicos, etc.) con inversiones especulativas en campos que, en la medida en que obtuvieron altas ganancias, buscaron multiplicarlas a través de anexarles actividades no declaradas. Tal como un apostador compulsivo, terminaron “cebados” por la ganancia fácil y perdieron todo cuidado por la prolijidad de sus operaciones. De los 600 millones de pesos determinados como evasión fiscal producto de estos operativos, 570 millones corresponden a comercialización de soja “en negro”.
El trabajo interno de la AFIP estima que sólo la producción de trigo, maíz y soja generó una obligación fiscal por el citado tributo en el último ejercicio superior a los 10 mil millones de pesos. En cambio, todo el sector agropecuario en su conjunto apenas declaró por el mismo tributo 3500 millones de pesos. En esta última agrupación entran desde cría e invernada de ganados, aves, animales de granja y otros destinados a la producción de pieles; producción de leche, lanas, huevos y miel, y todo tipo de cultivos de campo (cereales, oleaginosas y forrajeras, frutales, hortalizas y legumbres, flores y plantas, té, café, tabaco, yerba mate, algodón, etc.) así como las tareas y servicios de fumigación, recolección, trilla, empacado, esquila, siembra y cosecha, entre otros.
Peones con tizne
En base a datos del sistema integrado previsional más información propia del organismo, los técnicos de la AFIP concluyeron que el sector agropecuario mostró, tanto el año pasado como en el primer trimestre del corriente, un comportamiento inverso al producido en el resto de la economía en cuanto a la evolución del personal ocupado. Mientras el resto de las actividades económicas aumentó 0,5 por ciento el nivel de empleo en el año 2009, y aproximadamente 1,5 por ciento en el primer trimestre de 2010, en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura el resultado ha sido, en la medición para ambas fechas, negativa. En 2009, el empleo registrado del sector cayó el 1,5 por ciento respecto de 2008. Pero lo más sorprendente es que en el primer trimestre de este año vuelva a caer, en el uno por ciento respecto de igual período de 2009. Para los fiscalizadores, estos resultados se vinculan más a una tendencia a la contratación irregular de personal que a una pérdida real de puestos de trabajo.
Un reflejo de esa situación, expuesto en el mismo trabajo, es el del nivel de informalidad (trabajo no registrado) por sector, tomando en cuenta tres actividades habitualmente caracterizadas por la presencia de esa irregularidad. Para el rubro Comercio, en base a datos oficiales, la informalidad laboral se ubicaría por encima del 30 por ciento, en el rubro Construcción sería cercana al 40 por ciento, mientras que en Agricultura se eleva al 70 por ciento, en base a datos del Indec, la propia AFIP y el Renatre, un organismo del que participan empleadores y sindicato.
Otro indicador elocuente de la informalidad o no registración del empleo rural surge, según el trabajo, de la verificación que, de los 70 mil productores registrados como tales ante la Oncca (oficina en la que se tramitan las compensaciones y subsidios), menos de 10 mil declaran tener empleados a cargo. Es decir, pese que se trata de explotaciones con varias decenas de hectáreas, no declaran puestos de trabajo para realizar tareas de siembra, pulverización, seguimiento de implantación o cosecha de cereales.
De ese conjunto de “productores”, el 60 por ciento (poco más de 40 mil) está inscripto como “personas físicas”, un 25 por ciento como “personas jurídicas” (sociedades, más de 17 mil) y el 15 por ciento, monotributistas. La cantidad de explotaciones que reconoce tener personal a cargo (9710) es menor que la de las que dicen estar a cargo de una “persona jurídica” o sociedad (17.110). Pero, además, entre las más de 40 mil personas físicas titulares de explotaciones hay una alta proporción que se desempeña en profesiones liberales y las que –se descuenta– no realizan las labores agropecuarias con sus propias manos. Sin embargo, sólo el 14 por ciento de las 70 mil explotaciones reconoce tener empleados.
Con todo, los empleados declarados no podrían ser calificados precisamente como privilegiados. El salario promedio en el sector agropecuario, según los registros oficiales, es de 2037 pesos, que equivale al 54 por ciento del salario promedio de toda la economía: 3763 pesos.
El estudio encargado a los técnicos de la AFIP no revela una realidad desconocida en el organismo, sino que buscó ordenar la información y corroborar el diagnóstico que iba surgiendo de datos parciales, como la detección de comercialización “en negro” en puntos de acopio y en las rutas. En sentido inverso a lo que se suponía sucedía originalmente, la mayor evasión no se da en áreas marginales sino en la llamada “zona núcleo”, las áreas de cultivo más rentables por su alto rendimiento. A partir de esta comprobación, en la AFIP aseguran que se intensificarán los procedimientos de control, pese a las dificultades de operar en un territorio demasiado extendido. “Sabemos que la evasión efectivamente está ahí, ahora vamos con todo”, aseguran.
