Los cambios en estudio apuntan más que nada a establecer una mayor precisión sobre quiénes serán los beneficiarios, según indicó anoche el diputado justicialista Hernán Vittulo. También se analiza incorporar como distribuidores a los coordinadores departamentales de Acción Social, además de los municipios y juntas de gobierno que prevé el proyecto del Ejecutivo.
Estas objeciones habrían surgido desde las diferentes bancadas, incluido el oficialismo, según trascendió. De todas maneras, entre los miembros de la Cámara Baja no existía, ayer,
pleno conocimiento de la iniciativa.
El debate de la iniciativa se da mientras hay posibilidades ciertas de un aumento en el precio de la garrafa. Según Clarín, el precio de la garrafa de 10 kilos de gas licuado de petróleo (GLP) podría aumentar hasta 30 pesos en los próximos días si se suman los nuevos aumentos dispuestos para el gas en boca de pozo, advirtió el titular de la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS), Javier Bauk. Actualmente el precio varia entre los 24 y 28 pesos dependiendo de la zona y la demanda y acumula un aumento promedio de 160 por ciento desde 2001.
El programa, que hoy tendría ingreso y tratamiento sobre tablas, pretende subsidiar la compra de garrafas de hasta 15 kilos durante junio, julio y agosto, los tres meses en que la demanda aumenta por el frío del invierno. Además se espera, de esta manera, paliar la situación de quienes no poseen conexión a gas natural –la mayoría de los entrerrianos– y deben hacer frente a valores no alcanzados por el congelamiento de las tarifas.
La idea es que la Provincia contribuya con un aporte de hasta 50% para la adquisición de alrededor de 100.000 garrafas. El proyecto no define cuántos subsidios recibirá cada beneficiario ni de cuánto será el monto disponible, lo cual quedaría a decisión del Ejecutivo. Sí se establece que la inversión no podrá exceder el 5% del Fondo de Desarrollo Eléctrico que maneja la Secretaría de Energía.
De acuerdo a lo difundido por el gobierno, la garrafa social beneficiará a 50.000 familias, para lo que se afectarán 950.000 pesos. El programa se implementará a través de chequeras intransferibles, que serán distribuidas a partir de la proporcionalidad equivalente al índice de necesidades básicas insatisfechas, que están registradas en la Dirección de Estadística y Censo. Según se informó, en 15 días se estaría llamando a licitación.
Fuente: Diario Uno
