Rodríguez Signes señaló que el IAPV lo primero que hace es ordenar la documentación y enviarla a la oficina de Procuración Fiscal, que pertenece a la Fiscalía, para que intime a los deudores y las haga regularizar su situación. “No son cuotas elevadas, son cuotas de montos bajos. Lo que se recaude no va a Rentas Generales ni tampoco a pagar sueldos sino a la construcción de nuevas viviendas”, remarcó.
“Nuestra idea es tratar de regularizar, de recuperar dinero para volver a inyectarlo a la construcción de viviendas de manera de poder tener más soluciones habitacionales”, explicó el Fiscal de Estado.
El trámite es el mismo que el de cualquier juicio: el abogado de la Fiscalía -en Concordia es Eduardo Embon- se presenta la demanda en un Juzgado Civil y Comercial que debe ser recibida por el juez, quien debe dar traslado a la parte demandada. A su vez, el demandado tiene un plazo para contestar que generalmente es de 10 días hábiles. “Se dan todas las garantías del debido proceso para que la persona demandada ejerza su derecho de defensa. De manera que no es automático ni se va a enterar por el boletín oficial sino a través de una notificación fehaciente en su domicilio», explicó.
Por otra parte, Rodríguez Signes acotó que no todos los casos que derivan a judiciales terminan con el remate. Y catalogó a esa instancia como una medida “extrema” debido a que la intención del gobierno “no es quitarle la vivienda” al deudor. Y agregó que el gobernador Sergio Urribarri fue “muy específico” al respecto. “De ninguna manera, hay un especial mandato para eso. De lo que se trata es agotar todos los medios para tratar de que la gente regularice su situación”, argumentó.
El fiscal también aclaró que un remate no puede alcanzar a quien no pueda pagar sino a personas que tengan otras propiedades y estén violando la reglamentación del IAPV. “O alguna situación de ese tipo, muy grave”, sostuvo.
“También hay situaciones parecidas en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en Villaguay y en Paraná, por supuesto”, enumeró. “Están tomadas todas las medidas para hacer las cosas bien y obtener lo que nosotros evaluamos como un acto de justicia que es recuperar el pago de la cuota. Inclusive le hace bien a la persona que es propietaria porque al cumplir con sus obligaciones tiene todos los derechos con respecto a su vivienda y los puede ejercer en plenitud”, añadió el Fiscal de Estado.
La otra cara de la moneda
La primera oportunidad que tienen los beneficiarios de regularizar su situación es a través de la etapa administrativa de la que se encargan las regionales del IAPV, etapa mediante la cual se ahorran los honorarios de los abogados intervinientes. Mazarello dijo que “se avanzó mucho” en el recupero de cuotas de beneficiarios morosos en estos últimos meses. “Se ha cancelado un monto importante de alrededor de $ 2.800.000 a fin del mes pasado”, precisó.
En cuanto a la refinanciación, mediante la presentación de garantes con propiedades reales como para “poder reclamar el pago en su momento”, la Regional obtuvo ingresos por casi $ 37.600.00. “Esto hace a una cifra más que importante”, sostuvo.
“Es cumplir ni más ni menos que con el rol solidario atento a que las viviendas son para un fin social y como, al pagar la cuota, estamos tratando de solucionar otro problema habitacional en cualquier lugar de la provincia”, indicó el titular de la Regional.
La Regional Salto Grande abarca cinco departamentos que van desde San Salvador hasta Feliciano. “Seguimos trabajando, tenemos avances mensuales y controles mensuales de las refinanciaciones. Mucha gente, dado que se ha convocado mediante citación a cada uno de los beneficiarios que arrastran deudas, se ha acercado como también muchos que al día de la fecha no han sido notificados”, acotó.
Los recursos que se recaudan sirven para obtener “un colchón financiero”, dijo Mazarello, que al IAPV le sirve para edificar más viviendas.
