El final anunciado de esta nueva zaga la dictó el camarista porteño Eduardo Farah, quien ya había intentado que esos hechos ocurridos en la provincia de Río Negro queden a cargo de la Justicia con asiento en el barrio porteño de Retiro.
Esta vez, la decisión de Farah determina que será la Cámara Federal de Casación Penal quien resuelva el traslado o no de la investigación que salpica a funcionarios de Comodoro Py, del gobierno porteño y empresarios macristas.
Todos fueron imputados en Bariloche por posibles dádivas, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y falsedad ideológica de documento público.
La posición de la fiscal Cándida Etchepare y del magistrado es que como los hechos ocurrieron en la estancia que Joe Lewis tiene en Bariloche, se deben investigar en Río Negro. En cambio, la posición de Farah es que, aunque hayan ocurrido en el sur, en la casa del íntimo amigo de Mauricio Macri, la encargada de dictar justicia de Retiro porque los protagonistas ejercen sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires.
Con esta fractura expuesta de criterios, Farah decidió ser menos salomónico, dio por “trabada” la cuestión de competencia y envió el legajo a la Cámara Federal de Casación Penal, uno de cuyos integrantes, Carlos Mahiques, está denunciado en esa causa en cuestión.
Los esfuerzos de Farah
Casación largamente evidenció hacia dónde inclina la balanza y los esfuerzos del camarista Farah por quitarle la causa a Villanueva son ingentes. Tanto que no solo hace los esfuerzos antes descriptos sino que, además, sostiene que la investigación debe recaer en Sebastián Ramos, el juez que negó tener vínculos con el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, a pesar de que se filtraron chats personales entre ambos.
Precisamente, Ramos, fue protagonista esta mañana de otra maniobra de Comodoro Py para proteger a sus propios integrantes. A pesar de la evidencia, la denuncia por falso testimonio sobre sus vínculos con D’Alessandro fue desestimada y quedó a un paso de ser cerrada.
Pero volviendo a Lago Escondido, Farah reiteró en su dictamen que la investigación de porteños la deben hacer los porteños. “Las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires y a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios”, arriesgó para rebatir a Villanueva.
El juez de Bariloche rechazó ayer la inhibitoria porque según él corresponde que la causa siga donde se impulsó, donde se fijó la plataforma fáctica y donde se dispusieron numerosas medidas de prueba. Algo que no había ocurrido en los tribunales porteños a la hora de reclamar la causa.
¿Quiénes son los imputados?
El expediente tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y al ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro.
También al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 9.
Entre los imputados también están Pablo César Casey y Jorge Rendo, directivos del Grupo Clarín; Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); y Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit.
Todos participaron en octubre pasado de un viaje a la estancia de Lewis en Lago Escondido, para lo cual llegaron a Bariloche en vuelos privados.
