Esta postura la expuso ante la eventualidad de que el gobierno provincial adopte el plan de contingencia que elaboró la Nación para hacer frente a la falta de energía, en el que se contemplan premios para quien reduzca el gasto y sanciones para quien no lo haga o lo aumente. Martínez planteó que la alternativas para salir de la crisis es generar soluciones de fondo, a través de un plan de inversión. La situación llegó esta instancia, según el abogado, por una política que se implantó en el país “contraria la producción. No hay una política energética”.
Por estar circunscripta a un credo liberal, “esta decisión podría haber sido tomada por (Domingo) Cavallo”, opinó.
Ante la posibilidad de ser sancionado, consideró que “esta sanción económica podría ser inconstitucional según el valor por el cual se realiza el mayor consumo”.
Según explicó Martínez, el argumento de la situación de emergencia por el que atraviesa la Nación en materia energética, entraría en conflicto con una situación particular, como la de tener que atender a un enfermo que requiere cierta aparatología, y cuyo consumo implicaría caer en la penalización, algo a lo que la persona no podrá hacer frente.
“Por un lado, no tengo plata para pagar (la sanción) y por el otro, tengo que apagar el aparato que mantiene con vida a un ser humano”, ejemplificó.
En este caso “correspondería una judicialización (del problema) a través de un amparo”, pero “habría que probarlo, como en todo juicio”, aclaró.
La posibilidad de romper el argumento de la “emergencia energética”, es demostrando que “tengo un interés que tiene un valor muy importante, como la salud y la vida, y que además no tengo como pagarlo”.
“No estoy gastando más porque quiero, y en contra del interés general del país, sino porque tengo un mayor valor que el consumo mínimo”, dijo, pero recalcando que esta posibilidad sería “excepcional”.
Si el Estado hubiera, por el contrario, aumentado directamente las tarifas siguiendo los requerimientos impuestos para ello, sería distinto. “Entra dentro de una cuestión de tipo general, porque es un precio, es más general y existe igualdad”, indicó el constitucionalista, contrastándolo con la medida adoptada por el Gobierno nacional que es “una sanción”.
Fuente: APF
