“Podemos decir que, en función de los datos que manejamos de los departamentos grandes, el acatamiento es muy alto frente a la situación de que la patronal amenaza con descuentos y que hay toda una política de demonización en la lucha docente”, indicó Zampedri.
Asimismo, resaltó que la oferta del gobierno del 17 % de aumento fue rechazada “categóricamente”. Si bien es cierto que en el último congreso llevado a cabo el jueves pasado hubo departamentos que aceptaron el ofrecimiento, como Colón, Gualeguaychú y Diamante, el resto se negó a dar su consentimiento.
“Ahora tenemos claramente una perspectiva de que el 17 % no alcanza. Y estamos a la espera de que mañana, en la mesa paritaria, se concrete una oferta mayor”, indicó. “las consultoras cercanas al gobierno hablan de una inflación muy alta para el 2018. Nosotros estamos pensando en que la oferta debe ir en consonancia con esa situación”, añadió Zampedri.
Declaraciones de Iarazábal
“Vemos que el gobierno incurre de manera reiterada en un discurso cuanto menos contradictorio, ya que por un lado dice públicamente respetar el derecho constitucional de huelga, pero por el otro instruye a los funcionarios políticos para que presionen a los compañeros directivos en procura de generar divisiones hacia el interior del colectivo docente y desactivar las medidas de fuerza. Ante esto, volvemos a señalar que la mejor manera de no violentar la libertad sindical es discutiendo con honestidad y no aplicando descuentos extorsivos, los cuales ubican al actual gobierno en la misma senda que su antecesor”, expresaron desde Agmer Central.
“Sumado a esto, Irazábal va más allá y convoca a través de los medios a los padres para que lleven a sus hijos a las escuelas porque éstas permanecerán abiertas a pesar del paro. Con esto, la máxima autoridad del CGE desconoce que los establecimientos educativos deben tener como prioridad central los procesos de enseñanza y aprendizaje en condiciones acordes a las necesidades de los alumnos y los docentes, cuestión que no puede lograrse con problemas de infraestructura edilicia, falta de presupuesto y salarios por debajo del costo de vida. Del mismo modo, remarcamos que si existe un menor nivel de adhesión al paro en las escuelas públicas de gestión privada es porque en éstas el nivel de apriete hacia nuestros compañeros es mucho mayor, puesto que los apoderados legales no vacilan en coercionar de manera directa a los docentes.
“También observamos que existe una actitud deliberada por parte del gobierno y de algunos medios de comunicación tendiente a desacreditar las definiciones adoptadas de forma colectiva por la docencia entrerriana. Como ya lo hemos señalado en anteriores oportunidades, sostener que la conducción del sindicato es la que resuelve por decenas de miles de trabajadores es intentar engañar a la comunidad y depositar toda la responsabilidad del conflicto en nuestra organización, además de que representa una falta de respeto a los compañeros que democráticamente debaten en todas las escuelas de la provincia y deciden los mandatos que luego se votan en el Congreso de AGMER”, indicaron.
“Una vez más, exigimos al gobernador Bordet que tome cartas en el asunto y acepte que está en sus manos la resolución de este conflicto, a la cual se podrá llegar escuchando los reclamos de los docentes y ofreciendo un aumento salarial que contenga nuestras legítimas reivindicaciones como trabajadores de la educación, señalando a la vez que las limitaciones presupuestarias no pueden ser excusa para obturar la negociación paritaria en una provincia donde sectores concentrados del poder económico están eximidos de impuestos y no han dejado de registrar ganancias”, indicaron.
