Las evaluaciones oficiales son que este año se logrará "cumplir holgadamente" con la meta de 4,2% de déficit fiscal, pero 2018 es más complicado entre otras razones porque el Gobierno ya no contará con los recursos del blanqueo.
Peor aún, uno de los temas que más preocupa a los funcionarios es que buena parte de los gastos, entre ellos jubilaciones o la Asignación Universal por Hijo, se encuentran indexados. De esta forma, en un marco de reducción de la inflación, los ajustes por los aumentos pasados de precios implican matemáticamente una suba en términos reales, es decir por encima de la inflación, de estos gastos, incrementos que deberán ser compensados con otros recortes presupuestarios.
En los ámbitos oficiales se aclara que "no es un tema para Mauricio Macri que la inflación anual en vez de 17 sea 20%", ya que el manejo de los precios no depende exclusivamente de la política oficial. Pero sí es responsabilidad del Ejecutivo cumplir con las metas presupuestarias.
Para seguir transitando el camino de la reducción del déficit el año que viene, el Gobierno contempla recorrer tres vías: impulsar la actividad económica, continuar con la reducción de los subsidios económicos (reconocen que los sociales son mucho más difíciles de recortar) y sustituir los recursos que hoy aporta el presupuesto para la realización de obras públicas con fondos privados originados en la PPP. El Gobierno tiene en claro, además, que no es posible continuar con el actual ritmo de endeudamiento externo para sostener a la obra pública.
El año próximo "se multiplicarán" las obras públicas bajo la forma del régimen de participación público privada (PPP), según adelantó a ámbito.com una alta fuente de la Casa Rosada. Abarcará no sólo corredores viales sino también obras novedosas para la Argentina como la construcción de cárceles u hospitales.
Este régimen fue aprobado por ley hacia fines del año pasado. Se orienta, según los especialistas, a lograr una cooperación equilibrada y previsible entre el sector privado y el público El Régimen de PPP apunta a brindar la seguridad jurídica requerida para atraer inversiones, principalmente en el sector de infraestructura.
El actual Gobierno viene impulsando desde el comienzo de su gestión la asociación público privada, pero hasta el momento sólo se han realizado experiencias semejantes en el campo de las energías renovables. Ahora la administración de Mauricio Macri espera que en 2018 la PPP tenga un despegue definitivo.
No se trata de cuestiones ideológicas, sino de encontrar formas para satisfacer las "enormes" necesidades que el país tiene en materia de infraestructura en un marco de restricciones presupuestarias.
Las previsiones oficiales estiman que en 2018 el producto bruto interno aumentaría 3% y la expansión económica ayudará a la reducción del déficit ya que, se calcula, por cada punto adicional de crecimiento será posible reducir el desequilibrio fiscal en 0,2%.
Pero esto no es suficiente y por esta razón es que en el Poder Ejecutivo están trabajando en ver qué proyectos pueden ser financiados mediante la PPP. En tal sentido, se avanzó particularmente en el área de transporte. Esto no significa, aclaran, que todo el esfuerzo tenga que ser privado y, ejemplifican, si por caso se diera que en el desarrollo de una autopista, el flujo de los peajes no alcanzara para cubrir la inversión, el Estado podría poner la diferencia para tornar viable la obra.
Debe tenerse en cuenta, además, que no es mucho lo que se podría avanzar por el lado de los ingresos. En la Casa de Gobierno se comenta que no se prevé una reducción sustancial de los impuestos, ya que no están dadas las condiciones en virtud del elevado nivel de gasto público. "No podemos una reforma impositiva más ambiciosa porque no tenemos financiamiento internacional ilimitado", confiesa el estrecho colaborador presidencial. Por esta razón sostienen que: "No hay que esperar milagros en la reforma impositiva. Se pueden ordenar las cosas y se va a buscar la simplificación impositiva".
Con todo, en el Gobierno confían en que un favorable resultado electoral facilite las decisiones económicas de cara al futuro. Estiman que "una situación de empate técnico entre Cambiemos y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires junto con el triunfo del oficialismo en el resto del país sería suficiente para seguir contando con la confianza de los inversores internacionales", explica el integrante de la mesa chica.
Los más optimistas esperan que las próximas elecciones "diluyan no sólo el fantasma del retorno de Cristina (de Kirchner) al poder, sino también del populismo" y se ilusionan con que, en este escenario "se abriría la posibilidad de un seis años de mandato de Cambiemos, un tiempo suficientemente amplio como para disparar las inversiones", vaticinan en la Casa Rosada.
