Advierten que es una tarea «urgente e impostergable la derogación de la Ley Nº 23.548 y su sustitución por un nuevo régimen de coparticipación, como así también la implementación de mecanismos de coordinación financiera interjurisdiccional que tengan por objetivo lograr el federalismo fiscal».
En general, y si bien el trabajo no lo dice abiertamente ya que apunta por la afirmativa, por asociación transitiva se infiere cuáles son los no pocos puntos de mayor preocupación de los empresarios y hacia dónde apuntan sus expectativas en materia tributaria.
En el documento técnico, los empresarios apelan a un nuevo esquema impositivo que «debe ser previsible, sencillo y sin constantes modificaciones», se indica. «La reforma tributaria que se planifique debe permitir adoptar medidas en el corto, mediano y largo plazo para mejorar la estructura fiscal existente a fin de aproximarla a un sistema racional que no deje de lado los aspectos históricos y que se adapte a la realidad política, social y económica de la estructura propia del país. Debe estar conformado por tributos estables, fundados en las garantías que acuerda la Constitución, basándose en la razonabilidad tributaria», precisan.
Es en este marco que entienden que deben respetarse los principios de legalidad, igualdad, generalidad, equidad, neutralidad, capacidad contributiva, proporcionalidad y progresividad, no confiscatoriedad, racionalidad económica e instrumentalidad.
El especialista rosarino Enrique Lengua y el entrerriano Alfredo Calabrese serán los encargados de desarrollar una presentación que tendrá lugar en el anexo del Congreso, donde escucharán diputados de los cuatro bloques, y al que incluso asistiría el senador Guillermo Guastavino, siempre renuente a participar de este tipo de expresiones del sector privado. Por Entre Ríos viajarán representantes del Consejo Empresario, la Asociación Hotelera Gastronómica, la Bolsa de Comercio; la Cámara Argentina de la Construcción; la Federación Económica y el Foro de Entidades Empresarias, que nuclea a una treintena de entidades.
Presión fiscal. El trabajo es completo y se detiene a proponer –desde una perspectiva holística– afianzar el federalismo fiscal y propone un estudio y tratamiento urgente «sobre la asimétrica concentración de los ingresos y distribución del gasto entre el Estado Nacional y los Estados provinciales, que es –a nuestro entender– el tema de criticidad», enfatiza el documento, que representa a quien personifican el quehacer económico privado de la Región Centro, quienes prescriben que «sin federalismo fiscal, no hay Estado Federal y será imposible el ejercicio del poder soberano de las provincias y los municipios».
Solicitan los empresarios que un futuro esquema «reduzca la presión fiscal sobre el sector que paga efectivamente impuestos y ataque duramente los altos niveles de evasión y elusión que existen en la actualidad, dejando de cazar en el zoológico». Argumentan que la Argentina es el país latinoamericano cuya presión fiscal es la que más creció en el periodo 2002 – 2009, siendo ésta «excesiva», atentando contra «el desarrollo de la actividad productiva y económica en general, sustrayendo capital de trabajo del sector privado hacia el sector público. En tal sentido, el impacto de los derechos de exportación sobre el sector agropecuario merece un análisis especial y particular», reseña el estudio.
En este contexto, los empresarios no pierden la oportunidad de alertar sobre el gasto público y algunas amenazas sobre los pilares de administración económica que se advierten sobre el horizonte. «El mejor desempeño macroeconómico no puede reposar de manera excluyente en un incremento de la presión fiscal, sino en la racionalidad y calificación del gasto público, y reposar en una mejor calidad de gestión del mismo. Al gestar la reforma debe priorizarse la mayor eficiencia posible en cubrir el gasto social con el menor aumento impositivo», exigen.
En este marco, requieren que los impuestos sean justos y soportados por quienes tienen mayor capacidad contributiva, la materia imponible debe ser, casi con exclusividad: la ganancia; la riqueza y el consumo. «Para que no obstaculicen ni desalienten a la producción, el trabajo y las exportaciones los impuestos no deben incrementar el costo de las empresas ni reducir el salario de los trabajadores ni disminuir el precio que perciben los exportadores. Ello se logra si se gravan las ganancias de empresas y particulares, la riqueza de las personas físicas y los consumos, especialmente los suntuarios y a aquellos que menoscaben el medio ambiente», expresan.
Uno por uno
El trabajo analiza la estructura, objetivos y base imponible de cada tributo. Aquí una breve síntesis de algunos de ellos.
–Impuesto a la renta: Debe ser el pilar sobre el que se construya un sistema tributario, ya que es el instrumento más eficiente en la distribución y redistribución del ingreso, especialmente cuando se aplica con una adecuada y razonable progresividad. Tiene la característica de ser un estabilizador automático, porque produce mayor recaudación cuando crecen las ganancias, dando al Estado la posibilidad de influir sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento.
–Impuesto al patrimonio: Cuenta con el beneficio de que su rendimiento, si bien puede ser bajo, es medianamente estable, ya que ante cambios en el nivel de actividad no hace variar la recaudación; y es lógico que deban computarse los pasivos que permitieron la formación de los bienes del activo.
–Impuesto al valor agregado: Es un impuesto al consumo, pues grava todo el valor agregado generado en el mercado interno más las importaciones y gravando a tasa cero las exportaciones. En general, si bien es aceptado por su teórica neutralidad, existen cuestiones distorsivas que transforman muchas de sus cualidades en características no deseables, y de ahí la necesidad de su reformulación.
–Impuestos internos al consumo y a los combustibles: Suelen gravar aquellos bienes de demanda inelástica y de amplio consumo, lo que asegura una mayor recaudación. Tradicionalmente han sido gravados con impuestos internos los bienes nocivos para la población, aquellos que denotan consumo suntuario o que reflejan alto poder adquisitivo. Su aplicación debería morigerarse para todo lo que tiene que ver con consumos destinados a la producción.
–Monotributo: Es necesario ajustar automáticamente los montos que se establecen como máximos en la ley reguladora del Sistema Simplificado para Pequeños Contribuyentes, pues productores de pequeña envergadura no pueden acogerse al beneficio y debería crearse una categoría especial para el sector agropecuario.
–Ingresos Brutos: La mayor parte de los especialistas entienden sobre la necesidad de reemplazarlo, citándose diversas alternativas tales como: a) Aplicar un IVA provincial compartido con el IVA nacional (denominado IVA Compartido); b) Crear una cuota suplementaria del IVA nacional administrado por las provincias; c) Aplicar un impuesto en la etapa minorista y mayorista; o d) Aplicar un IVA nacional aumentado y coparticiparlo a las provincias.
–Impuestos al Comercio Exterior: Si se decide su aplicación deberán tener alícuotas moderadas, respetar la realidad económica y la «no confiscatoriedad», deberá existir razonabilidad y proporcionalidad y deberá asegurar un óptimo equilibrio fiscal. Debería permitirse su utilización como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias.
–Impuesto a los débitos y créditos bancarios: Este impuesto, si bien genera una alta recaudación sin requerir un gran esfuerzo por parte de la administración tributaria, tiene efectos perniciosos sobre la eficiencia en la asignación de los recursos, ya que implica un costo clave que termina desalentando muchas transacciones a través del sistema bancario.
Fuente: El Diario
