La nota puntualiza un petitorio de reclamos: 25% de aumento salarial; recategorizaciones pendientes del 2005; reducción horaria; modificación de política de comisionamiento del call center de ventas; pase a planta de trabajadores tercerizados de call centers y contratistas bajo un convenio único telefónico.
“Usted cree realmente que empresas telefónicas no están en condiciones de darle un 25% de aumento salarial a sus empleados”, se pregunta la nota. Y responde que están en condiciones de abonar “un salario acorde a la canasta familiar y mucho más”.
El escrito sostiene que las empresas “facturan millones por minuto, a costa del usuario y la explotación de trabajadores que prestan servicio para las mismas, y con la complicidad de los gobiernos de turno”. También puntualizó algunos de los manejos “nefastos” que realizan detrás de un “irreal discurso” de valoración al cliente. “Durante los últimos años han aumentado extraordinariamente sus ganancias a través de reducción y tercerización de personal, aumento de tarifas, exención de impuestos, etc.”
Si bien avanzaron en la instalación de líneas nuevas y servicio de Internet, “no cumplimentan con las disposiciones legales en tanto a cantidad de empleados por línea instalada”. Hoy no cuentan con la cantidad de trabajadores que obligatoriamente deben tener para atender las necesidades del cliente. “Esto implicó un ahorro en salarios y el detrimento de su servicio”, dice el escrito.
En cuanto al horario normal de llamadas telefónicas, antes era de 8 a 21 y hoy es de 8 a 20. “Esto implicó un aumento tarifario urbano durante el horario de mayor tráfico de llamadas (20 a 21), abultando el consumo para el usuario de casas de familia y un aumento encubierto de las tarifas”.
También redujo la dotación de empleados del servicio de atención de guía (110) y puso costo a la comunicación a ese número. Esto se traduce en detrimento de la calidad de servicio e incrementa las ganancias en dos puntos: facturación por un lado y evitar la creación de puestos de trabajo en otros sectores, dado que recarga con mayores tareas a los operadores (con tareas de Arnet, 114, etc.).
“Seguramente ud. hubiera preferido ser atendido rápida y personalmente por un operador en vez de renegar con una maquina y hubiera apoyado la creación de más puestos de trabajo que tan necesarios son en el país”, dice la nota.
Además, obligan a los teleoperadores a atender a los clientes en un plazo máximo de tres minutos. Si ese plazo no es respetado, implica una mala evaluación para el trabajador «señalándolo como poco productivo para la empresa. En realidad, lo que ahorran nuevamente son puestos de trabajo.
Inclusive, son eximidos de abonar impuestos a las ganancias en provincias como Córdoba por la instalación de call-centers de ventas y en todo el país por invertir en publicidad.
“Al sector de ventas y contratistas (tercerizados) les pagan monedas de comisión por línea instalada cuando se paga por ella cerca de $100 o más, un abono mensual por la misma, abonos por servicios adicionales e Internet y llamados todos los meses”, señala el escrito.
