“Resulta imprescindible adecuar nuestro salario al actual costo de vida que se ha encarecido notablemente en los últimos años por acción del aumento generalizado de precios”, manifestaron. Además aseguraron que si bien tienen licencias profilácticas, no perciben el pago de las mismas.
Por otra parte, señalaron que los adicionales por funciones riesgosas y peligrosas y por horas extraordinarias no los perciben desde 1998. “Nos vemos privados de este beneficio por imperio de la directiva Nº 2 del Consejo Provincial del Menor, basándose en un simple dictamen de la asesoría letrada de fecha 13/06/1979 los días sábados, domingos, feriados y días no laborables son considerados jornadas normales de trabajo”. Por lo tanto, repudiaron la directiva que afecta el magro salario “con la única finalidad de garantizar las guardias en las instituciones de minoridad, sin dejar pasar por alto que la misma se funda en un dictamen emitido por funcionarios de la dictadura militar”.
Además, señalaron que el derecho al cobro de horas extras se ve cercenado por la decisión unilateral de nuestro empleador de poner un tope de 16 horas extras mensuales por cada trabajador. “Hay un límite para el pago de horas extras donde las restantes horas extras que laboramos en beneficio del Estado son pagas como horas normales sin ningún tipo de justificación”.
Más adelante, reclamaron la inclusión de la actividad que realizan dentro del régimen previsto en la ley 8281 porque: “si bien no cumplimos funciones en hospitales psiquiátricos ni hospitales generales, realizamos tareas que ponen en peligro cierto nuestra integridad psicofísica”.
Por último, instaron a los trabajadores de otras residencias a sumarse al plan de lucha y a los sindicatos con personería gremial (ATE y UPCN) a los fines de acompañarlos en la lucha y comenzar con los reclamos administrativos y eventualmente judiciales en procura de obtener el reconocimiento de los derechos laborales conculcados. Cuentan con el patrocinio legal de Ariel Gorostegui.
