Se ignora la suma en cuestión pero algunos datos recabados en el Concejo Deliberante durante este año, revelan que la suma reclamada en concepto de honorarios ronda los $ 400.000, tanto para los profesionales intervinientes de parte del municipio como del IAPV.
Se desconoce hasta que punto la medida judicial puede frenar la construcción de viviendas. Hay que tener en cuenta que el IAPV debe construir 320 viviendas en el marco del programa “Solidaridad Habitacional”. Por otra parte, el Instituto debe verificar la realización de las 400 viviendas que la Nación financiará y 50 cooperativas conformadas por desocupados y planes Jefes de Hogar deberán construir.
La redacción intentó comunicarse con el gerente actual, Dr. Carlos Olivera, para obtener más datos pero desde el organismo se informó que el titular estuvo en toda la mañana en la ciudad de Chajarí.
Si bien la acción judicial también fue llevada adelante desde el organismo por el mismo Olivera y el ex-asesor legal José María Giorgio, ambos no tendrían derechos a reclamar el pago de honorario alguno, según una fuente cercana al caso. Se todas formas, la versión no fue confirmada.
De todas formas, diversas fuentes confirman que el embargo se trabó hace tiempo. Incluso, un empleado del Instituto aseguró que no hay dinero para viáticos debido a la medida judicial.
Lascurain, que fue gerente durante el primer tramo de la gestión Montiel, reclama sus emolumentos a pesar de que el IAPV perdió el juicio contra el municipio.
La historia de un reclamo millonario que nace en la gestión Orduna
La cuestión deviene de diciembre de 1999. A los diez días de haber asumido Orduna como intendente, acudió a Tribunales para reclamar una deuda de tasa inmobiliaria contraída por barrios construidos por el Instituto. El reclamo abarcaba el período 1996-1999. Los moradores de las viviendas no habían pagado la tasa debido a que el IAPV no les había otorgado las escrituras. En consecuencia, la demanda iba dirigida al IAPV.
El juicio reclamaba en principio $ 2.500.000, pero con sentencias favorables en primera instancia, en la Cámara y en el Superior Tribunal de Justicia, la suma a reclamar trepó a los $ 4.000.000.
Orduna, el último día de su gestión, llegó a embargar las cuentas del IAPV, pero una de las primeras disposiciones de Cresto, ni bien asumió en diciembre del año pasado, fue desactivar esa medida.
Posteriormente, en julio de este año, el Concejo Deliberante aprobó un convenio que estableció que el IAPV debe abonar por cuatro años cuotas de $ 100.000, cuarenta cuotas en total, debido a la deuda reclamada por la gestión de Orduna. En aquel momento, el convenio -que no contemplaba el pago de intereses- generó cierta polémica.
Pero esta se incrementó cuando en la misma sesión, con el argumento que el IAPV no construiría viviendas en Concordia, el oficialismo, junto al edil Roberto Chabrillón (Todo por Concordia), condonaban el reclamo por el mismo concepto de tasas del período 2000-2003.
