La inclinación de Allende se debe a que “previamente, realizamos asambleas, la gente se pronunció por esa opción y nosotros hicimos propia esa postura”. “El 6 hay que votar, la gente sabe qué es lo que quiere”, subrayó el también diputado provincial, quien no dudó en vaticinar el triunfo de esa alternativa. “La inmensa mayoría está por la propuesta C”, opinó.
Consultado sobre qué es lo que garantiza la opción que promueve la entidad gremial que lidera, empezó por señalar que el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), “(Edgardo) Massarotti es un mentiroso cuando dice que la obra social es de los trabajadores, porque la obra social es del Estado”, diferenció.
Por otra parte, “cuando (Massarotti) dice que la propuesta A —en manos de los gremios— es tramposa, en realidad, el tramposo es él. Yo pregunto, qué empleado público sin una estructura gremial puede presentarse con posibilidades de ganar la elección”. La respuesta fue ninguno, debido a que “no existe un empleado público en Entre Ríos que tenga capacidad por sí mismo para poder llegar a toda la provincia, por cuestiones de tiempo, económicas, de trabajo”.
En su exposición, presentó otro interrogante: “¿El grupo Unidad es una cooperativa o es un grupo de gremios?”, en referencia al sector que entre otros integran, ATE, Agmer, Suoyem y AJER. “Es un grupo de gremios” acotó, entonces “la propuesta A es la que tendrían que apoyar” en lugar de la opción D —otro modelo de obra social— que como se informó, es la que impulsa el sector cuestionado por Allende. En ese sentido, el dirigente insistió que “ los trabajadores sin los gremios no pueden acceder nunca a la conducción” del Instituto.
En opinión del dirigente sindical y diputado provincial, “el trabajador analiza que los gremios ya tuvieron su oportunidad y que el Iosper no anduvo mejor”. Además, continuó, “el responsable, por ley, de la obra social es el Estado que por lo tanto, debe participar, del mismo modo que debe hacerlo el empleado público”.
La conclusión entonces, “un directorio reducido, no como el actual con siete directores , y con el verdadero responsable que es el Estado, presente”.
“La conducción debe ser compartida: los interesados, que son los trabajadores, y el Estado, que es el que por ley está obligado a dar la prestación. Ambos tienen que estar en la conducción, controlándose unos a otros”, definió.