El Cuerpo de Auditores del Tribunal de Cuentas de la provincia ha solicitado que se requiera a la Justicia Federal la prueba secuestrada durante los allanamientos en la Municipalidad de Paraná para ahondar la investigación sobre posibles irregularidades administrativas.
En junio del 2018, y ante la gravedad de los hechos relacionados con el supuesto manejo que se hacía del dinero público y que se iban develando en el transcurrir de la causa, el organismo de control inició de oficio un expediente y solicitó por entonces información al juez Federal Leandro Ríos.
A fines del año pasado, el magistrado remitió el informe que hizo la División Lavado de Activos de la Policía Federal y un escrito a manera de descargo que presentó la Administración Municipal tanto al TdeC como a la Afip y a la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes del organismo consultadas por Apf digital indicaron que se está analizando el contenido de ambos documentos, en función de la competencia legal atribuida como órganos de control externo.
En particular, indicaron, el foco está puesto en aquellas cuestiones que pueden haber generado un perjuicio económico al Estado Municipal, entre las que se cuentan las consideraciones efectuadas por la Policía Federal en su informe respecto a la percepción de contratos por parte de agentes municipales sin la correspondiente contraprestación.
Sobre este punto, se encuentra abierto un segundo expediente (el 420/17), donde se hace el seguimiento del cobro de haberes de empleados registrados bajo la modalidad de contratos de servicio que se habrían abonado sin que haya existido ninguna prestación. Para este hecho, se tuvo en cuenta la declaración testimonial en la causa de una ex contratada.
Para obtener más precisiones y contar con elementos de primera mano, el TdeC solicitará a la Justicia Federal poder acceder al material con que trabajó la División Lavado de Activos de la Policía Federal para realizar su informe. Se trata de documentación (expedientes, comprobantes y órdenes de pago entre otras) que fue secuestrada durante los distintos allanamientos que se concretaron desde mayo del año pasado en adelante y que por lo tanto, ya no obra en los archivos municipales.
Bordeira
En paralelo, el Tribunal de Cuentas también inició un expediente relacionado con la presunta percepción irregular de haberes por parte de la ex funcionaria de Seguridad del Municipio, Griselda Bordeira, quien actualmente se encuentra procesada y detenida a la espera del juicio por narcotráfico que se llevará adelante este año en los Tribunales Federales.
El trámite está registrado con el número 227/2018 y comenzó el 22 de mayo de 2019, a pocos días de que estallara el escándalo con los primeros allanamientos en el Palacio Municipal y las citaciones a indagatoria a Varisco, Bordeira y el concejal de Cambiemos Pablo Hernández (también procesado y detenido a la espera del juicio).
Bordeira era Sargento 1ra en condición de revista activa – efectiva, afectada en comisión de servicios al Municipio y, a la vez, era funcionaria nombrada por decreto.
