Un informe firmado por el contador Ricardo Miguel Giménez, auditor del Tribunal de Cuentas, comprueba que Fernández, siendo director del Iapser, compró un departamento que había puesto a la venta ese organismo, mediante una resolución que él mismo firmó, valuado en 70.218 pesos.
La operación no fue saldada de contado, sino que consiguió que de forma rápida el Instituto del Seguro le abonara una indemnización por un siniestro que le había ocurrido, por monto superior a los 27 mil pesos, póliza que entregó en parte de pago. Sobre el saldo, abonó en efectivo sólo $ 4.908, y el resto, con Bonos Federales, recibidos a valor nominal, y con un cheque del Banco Provincia de Buenos Aires.
Según un análisis de los auditores del Tribunal de Cuentas, el trámite se realizó con una “en tiempo récord”. Luego añade que “la auditoría observa que se le aceptó un porcentaje mayor de Bonos Federales en relación a los demás adquirentes, sumado a la circunstancia de que siendo director del Iapser, es uno de los firmantes de la Resolución número 723/02 de venta del departamento donde tampoco intervino el Consejo de Tasaciones de la Provincia”.
En 2001, el organismo decide desprenderse de parte de sus activos de modo de inyectar liquidez a la empresa, tal cual el compromiso asumido ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, y para eso puso a la venta 20 departamentos de su propiedad, ubicados en Paraná. Sin embargo, no se siguió el camino de la subasta pública sino de una forma más restringida, por venta directa, obviando el propio régimen de contrataciones que rige en el organismo.
Seis de esos departamentos más un local comercial se dieron en concepto de pago de indemnización por siniestros. Uno de esos departamentos lo “compró” Fernández mediante un trámite que el Tribunal de Cuentas califica como poco transparente.
Por otra parte, el informe del Tribunal de Cuentas subrayó que cinco de los departamentos vendidos fueron abonados por sus compradores en parte con Bonos Federales, que se recibieron a un valor nominal total de $ 115.190,00, cuando su valor de mercado era en ese momento de $ 93.450,77, con una pérdida de $ 21.739,23, lo que constituiría un “perjuicio fiscal”.
El asesor legal a cargo del área de Procesos Penales de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública de la Provincia, el abogado Marcos Rodríguez Allende, no trabaja en caso. “En realidad, no sabía del caso. Y hasta lo que yo sé, el Tribunal de Cuentas no nos mandó nada. De modo que no hay ningún tipo de denuncia judicial por este caso”, dijo Rodríguez Allende.
