En el año 2.000, el entonces gobernador Sergio Montiel mandó comprar un avión Fokker F 28 MK del año 1972, que estaba “fuera de servicio” desde hacía meses, en 2,5 millones de pesos. En el mercado, un avión similar se pudo haber adquirido por un precio promedio de un millón de dólares pero “en servicio”.
El Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta estos datos, llegó a dos conclusiones: a) no se hallaron evidencias de que hubiera habido un antecedente, estudio o cotización de precios y, b) se podría haber negociado un precio menor, incluso, al millón de dólares, considerando que la nave estaba fuera de servicio.
Además, los interventores de LAER habían planteado la conveniencia de que se averiguara por la eventualidad de un acuerdo para pagar un canon que permita usar el Fokker. Pero el 5 de junio el entonces gobernador Montiel solicita formalmente la adquisición de la aeronave. Pero llama que la cifra que ofreció Montiel haya sido el monto final de la operación, sin que se hubieran registrado las contrapropuestas de rigor.
El TdeC evaluó que incluso fue inconveniente la decisión de repararlo a nuevo, toda vez que el Fokker debió ser adaptado de VIP a apto para transportar pasajeros, es decir, de avión ejecutivo con registro militar a versión línea aérea. “Indudablemente que, si se hubiera actuado diligentemente averiguando el costo de ese tipo de aeronave en el mercado antes de ofertar, el pago del sobreprecio no se hubiera producido”, indica el texto, al abundar en una “gran variedad de medidas que se hubieran podido desarrollar para conocer el precio” razonable del avión.
El TdeC consideró que “la oferta de 2,5 millones de dólares ofrecida a la Nación para la compra del mismo, constituiría un acto injustificado y en consecuencia el pago en exceso de 1,5 millones, un pago incausado”.
Además, el Tribunal consideró que el doctor Montiel incurrió en un “ejercicio irregular de las obligaciones”, porque “la naturaleza especial del acto constituido por la elevada erogación que se iba a realizar, y especialmente por la necesidad de recurrir al uso del crédito, ameritaban una amplia investigación sobre los costos en otros mercados, una completa descripción sobre el real estado del avión, ambos extremos basados en dictámenes técnicos debidamente documentados, y obviamente, previos a la oferta, imprescindibles a fin de ‘justificar’ el precio que se ofrecía”.
En principio, el TdeC exigirá al doctor Montiel la restitución del faltante, primero de oficio y, si no lograra satisfacción, mediante embargo judicial. Paralelamente, la Fiscalía de Estado podrá resolver convertir ese juicio de cuentas en un juicio de responsabilidad y demandar penalmente al ex Gobernador.
