El Tribunal de Cuentas de la provincia se encuentra investigando la venta de propiedades durante la gestión de gobierno anterior que pertenecían al Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iaps). La actuación se realizó en virtud de que las ventas de los costosos departamentos de la entidad oficial se habrían realizado en forma directa, y en algunos casos los compradores pudieron abonar con bonos federales y con dinero atrapado en el corralito.
Una fuente ligada a las actuaciones dijo que “la venta se produjo en forma directa, según lo dispone la Resolución 609/01 aprobada por el Directorio del Instituto del Seguro el 7 de diciembre de 2001”, que por ese entonces presidía Gustavo Beltrame e integraba el vocal Armando Fernández. La resolución establece, además, que las viviendas debían venderse a precio de contado y tomando como valor la tasación realizada por la arquitecta Leticia Nora Rosa Vich.
Las propiedades vendidas son 17 en total, 16 de las cuales corresponden a los departamentos del edificio ubicado en la esquina de las calles Buenos Aires y Ecuador, de la ciudad de Paraná, y la restante en la ciudad de Federal.
Aunque la actuación del organismo de contralor administrativo debe fijar su atención en las disposiciones de los responsables del ente autárquico durante la gestión anterior, en el organismo intentan establecer cuál fue el criterio para elegir a los compradores y, en todo caso, determinar si la puesta en venta se hizo pública.
Cabe mencionar que entre los compradores se encuentran el juez federal Aníbal María Ríos; el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Carlos Ardoy, el secretario electoral Gustavo Soñiz. Un escrito que está en poder del Tribunal de Cuentas establece que tanto los dos magistrados como el funcionario de la Justicia Electoral utilizaron la modalidad de transferencia de dinero retenido en el corralito.
“No hay por qué dudar de la buena fe de los compradores y que la adquisición por parte de ellos esté en regla”, dijo una fuente ligada con la investigación. “De todos modos –agregó– queremos establecer cómo se hizo pública la venta para que la gente haya podido tener la oportunidad de presentarse a comprar, o en todo caso determina si se trató de una venta dirigida, donde aparecen como beneficiados altos funcionarios de la Justicia y personas ligadas con la gestión de gobierno anterior”. Otros de los nombres anotados como compradores, mediante el pago en el corralito, son José Roberto Musante y Lía Beatriz Cagnani de Musante, Marta Tabuenca, Carmen Toplikar, María Isabel Laurencena y los escribano Osmar y Luis César Sonaillón; mientras que con pago en federales y pesos también se cuenta Rolando Raúl Fontana y Matilde Federik según consta en las actuaciones. También surge el nombre de Marta Toer, quien compró mediante la cuenta de reprogramación de deuda.
“Hay mucho que investigar, porque por un lado se trata de la venta de bienes del Estado en forma directa, por otro no es menor el hecho de que los compradores hayan podido acceder mediante instrumentos de dudoso beneficio para el Estado, como es dinero en el corralito y federales”. Se agregó, además, que “a primera vista surge que el artículo 4º de la resolución firmada por Fernández y Beltrame, establece que los valores deben ser de precio contado, cosa que no ocurrió en la venta, ya que además de facilidades se otorgaron beneficios notables como es el pago con dinero retenido por los bancos y con bonos depreciados” al punto de haberse llegado a cotizar en un 70 por ciento de su valor nominal.
El Estado provincial se desprendió de propiedades a cambio –en gran parte– de bonos federales que ni el propio Estado aceptaba como forma de pago en varias de sus reparticiones. Hay que recordar que la administración del Túnel no los recibía para el pago de peaje, por ejemplo.
Fuente: El Cronista Digital
