El organismo de contralor habría puesto en evidencia la existencia del pago de sobreprecios en la compra de medicamentos que no están contemplados en los convenios prestacionales rubricados con el Colegio de Farmacéuticos.
Se trata de especialidades que generalmente tienen un costo elevado, de 3.000 a 5.000 pesos, por lo que cada mes se gastan entre 250 mil y 300 mil pesos, que se suman a los 2 millones de pesos en medicamentos ambulatorios que es lo que gasta el Iosper en ese rubro.
Este fin de semana, Sampietro ya estaba evaluando los pasos a seguir tras conocerse el dictamen del Tribunal de Cuentas. “Esencialmente, el informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto el pago de sobreprecios en medicamentos, e irregularidades en la contratación de ambulancias”, les comentó el funcionario a sus colaboradores no bien tuvo en su escritorio el escrito.
Los precios que pagaba la obra social estaban “muy por encima” de los que se abonan ahora por los mismos medicamentos, subrayó una fuente, y “eso es lo que detectó el Tribunal de Cuentas”. Aunque el dossier no sólo advirtió sobre esas prácticas, que al parecer habrían beneficiado a algunas firmas, y a determinados estamentos internos del organismo, sino que también indicarían desprolijidades en la contratación del sistema de ambulancias para el traslado de pacientes.
El decreto 1.788 que firmó el gobernador Jorge Busti el 26 de abril y por el que dispuso la intervención del Iosper argumentó esa decisión a raíz de un informe producido por la Comisión Fiscalizadora Permanente del Iosper, que integraba Sampietro, en el que se señaló la existencia de graves irregularidades en el funcionamiento institucional administrativo, así como el desfinanciamiento progresivo del ente.
El Gobierno observó entonces “falta de conducción y pasividad en el accionar del directorio, en lo que respecta a fijar pautas de carácter político y administrativas, lo que obstaculiza la gestión”, por lo que resolvió desplazar al directorio integrado por dirigentes gremiales elegidos por voto directo de los afiliados. A raíz de eso, el Ejecutivo ordenó la realización de auditorías “integrales” a cargo de la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas, cuyos resultados deberán conocerse a fines de mes.
Tras la intervención, cuyo mandato vencería en principio en octubre próximo, el Gobierno elegiría un nuevo camino de gerenciamiento. Así al menos lo planteó el Gobernador al sostener que “la obra social no puede tener en su conducción un directorio tan grande”, y que una alternativa podría ser “un gerente general con atribuciones que le permitan tomar decisiones y agilizar los procesos, tal como lo hacen las otras obras sociales.”
