En México cada estado regula el matrimonio a través de su propio código civil. Hasta la fecha, el enlace homosexual sólo está legalizado en Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo. El resto de territorios ofrece un poliédrico cuadro normativo que, al no reconocer plenos derechos a los gays, se ha convertido en una fuente de recursos de amparo.
El principal punto de conflicto radica en que las leyes estatales sostienen, en muchos casos, que la finalidad de la boda es la procreación. Un aspecto que niega la Suprema Corte. En su tesis jurisprudencial, que busca la unificación de doctrina ante los recursos de amparo, los magistrados recuerdan que el verdadero objetivo es "la protección de la familia como realidad social". "Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión […] pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales", indica el texto.
El Supremo mexicano lanza también un varapalo a quienes vinculan los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales. "Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de las autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual", concluyen los jueces, entre cuyos ponentes figura juristas de gran prestigio como José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar.
Establecidas estas premisas, el alto tribunal considera inconstitucional cualquier ley que entienda que la finalidad del enlace es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer. "De este modo, en todo el territorio queda avalado el matrimonio homosexual, aunque las normas estatales digan lo contrario", explica a este periódico la directora de estudios de la Suprema Corte, Leticia Bonifaz. La decisión, sin embargo, no invalida las normas discriminatorias, dado que la vía pertinente para lograrlo no es el amparo, sino el recurso de inconstitucionalidad. Aún así, la doctrina emitida tendrá que ser obligado cumplimiento en los tribunales mexicanos.
El alto tribunal considera inconstitucional cualquier ley que entienda que la finalidad del enlace es la procreación
La toma de postura de la Suprema Corte fue bien recibida por las organizaciones involucradas en la lucha por los derechos civiles. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CNPD) calificó la medida de "histórica" y como un paso fundamental para derribar legislaciones vejatorias. "Es un avance en la lucha por proteger y visibilizar los derechos fundamentales de todas las personas ", señaló en un comunicado.
Mucho más fría fue la acogida en el universo político. Aunque el reconocimiento de los derechos homosexuales ha avanzado con fuerza en los últimos años en México (el 70% de la población se declara a favor, según CNPD ), numerosos políticos rehúyen aún la cuestión por miedo a los prejuicios y la erosión electoral. En el caso del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), este distanciamiento está generalizado. Más confusa resulta la posición del PRI, el PRD o Morena. En estas formaciones la tolerancia ha ganado terreno, pero aún se registran profundas resistencias. Un caso paradigmático es el de Andrés Manuel López Obrador, exjefe de Gobierno del DF y dos veces candidato presidencial con el PRD. El eterno aspirante de la izquierda, de profundas convicciones religiosas, siempre ha soslayado pronunciarse abiertamente a favor del matrimonio homosexual. "Lo fundamental es la honestidad, eso (legalizar el aborto y los matrimonios gay), con todo respeto y autenticidad, lo considero como algo no tan importante, lo importante en México es que se acabe con la corrupción, nada ha dañado más a México que la deshonestidad", respondió recientemente.
