En el documento sentencial el máximo órgano de Justicia llamó severamente la atención a los dictantes del pronunciamiento anulado: Felipe Celli, Juan Ascúa y Ricardo González por las “significativas viciosidades cometidas en el pronunciamiento parcial invalidado”.
Para los vocales del STJ “es contradictoria e ilógica la resolución de la Cámara a la hora de dar tratamiento de la inconstitucionalidad invocada por el casante”, ya que en sus considerando los camaristas concluían que “a la defensa técnica le asistía razón en su planteo”, pero que “sea el STJ el que resuelva dicha problemática por ser la cabeza del Poder Judicial y asiente una posición”. En ese sentido, los camaristas de la Sala I argumentaron que “la fuerte cultura inquisitiva y autoritaria hondamente internalizada en la cabeza de los operadores del sistema”, desaprobando a quienes “tratan de satisfacer la presionante demanda de los multimedios que llevan adelante un juicio casi en paralelo al formalizado por la Justicia”. Asimismo, los jueces critican la desnaturalización que algunos institutos –como la excarcelación– han sufrido para interrogarse sobre “si quienes integramos el sistema penal, podemos siquiera intentar poner las cosas en su lugar”.
A esa postura, el STJ la calificó de “un discurso intelectual que se torna hueco, meramente dogmático, convirtiéndose en una simple exposición teórica para quedar solamente inserta en el papel, ya que a renglón seguido, y contrariando lo antes pregonado, señalan que la cuestión amerita imprescindiblemente un tratamiento serio por quienes son la cabeza del poder, en este caso del Judicial, absteniéndose de hacer el insoslayable análisis fáctico y jurídico del caso para resolverlo fundadamente con arreglo a derecho, escondiendo así bajo un mero desenvolvimiento puramente dialéctico su negativa a resolverlo en el sentido que juzgue ajustado a la normativa aplicable”. Ahora la última palabra en el pedido de excarcelación de un empleado municipal que fue detenido por portación de arma de guerra la tendrá nuevamente la Sala I. Emiliano Gastón Arrúa se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº1 acusado de portación ilegítima de arma de guerra, ya que la pena condenatoria excede los seis años.
