Este conflicto no huele de todo bien. La Cámara persiste en la denuncia de su situación de déficit empresarial pero no fundamenta su posición y, menos aún, pone sus números al descubierto. Además, contradice la versión de otras empresas ajenas a la Cámara que mantienen la actividad, y, como si ello fuera poco, ratifican inversiones. Además, la Cámara también contradice la opinión del INTA. Y todo ello, lo hace infundadamente.
Con esto no quiero decir que la situación de déficit no sea cierta, y que el subsidio no sea una herramienta útil para abordar esta supuesta problemática. Todo lo contrario. Apunto al hecho de que, si realmente existe tal situación, la misma debe ser acreditada fehacientemente ante los órganos competentes. Según los dichos de su representante, la Cámara Exportadora pretende que la cuestión sea dilucidada en base a la información aportada por ellos. Respecto a la información aportada por el INTA, el representante de la Cámara plantea que debe ser descartada. Francamente, esto suena a broma. Es imposible resolver un conflicto público tomando como base situacional la información aportada por una sola de las partes involucradas. Equivaldría a que un Juez resolviere una situación tomando como base fáctica, la versión de una sola de partes involucradas en la problemática, dictando sentencia sin recabar pruebas, sobre las otras partes involucradas.
En este juego el gobierno provincial es el administrador de sus recursos públicos. La administración se lleva a cabo en base a un esquema institucional definido normativamente. En dicho esquema institucional se filtran innumerables demandas sociales y sectoriales que conviven, pujan entre sí, forman alianzas, se atacan, se separan, vencen, pierden, mueren y sobreviven. Las demandas políticas y sociales son algo así como veinte lechones recién nacidos para solo diez y seis pezones. No hay que horrorizarse, así son todas las organizaciones políticas, y el porcino no está en extinción. El gobierno administra dichas demandas en base a un esquema de alianzas y preferencias, que tienen un tanto que ver con la matriz ideológica de cada gobierno, y también con la situación fáctica en que se encuentra. En ese sentido, las políticas de esta gestión de gobierno demuestran un claro sesgo keynesiano, muy a tono con el proceso nacional y –porqué no- continental que estamos viviendo. Existe un fuerte apoyo a la producción en la medida que la misma resulta conveniente para el conjunto de la sociedad.
Entonces corresponde discernir si el subsidio reclamado es de vital importancia para el sostenimiento de la actividad, o si estamos en presencia de un oportunismo en el que intervienen en connivencia sectores empresariales, sindicales y políticos. El cronista, miembro del Centro de Estudios Para el Desarrollo Social de Concordia, entiende que el análisis de la viabilidad y conveniencia del subsidio no puede ser hecho en base a la información aportada por la Cámara de Exportadores, solamente. Sino que dicha decisión política debe tomarse recién después de hacer un pormenorizado estudio de la situación, en el que intervengan los Ministerios correspondientes, los otros sectores de la actividad, como el sector gremial, los productores, fundamentalmente los pequeños productores, el INTA, y AFIP y DGR, si fuere necesario.
La presión de los sectores empresariales y sindicales no es un buen consejero para encontrar una solución a este tipo de problemáticas. Sobre todo si pretendemos que la solución se tome con absoluto respeto a los intereses democráticos que sustentan nuestro sistema político. No es conveniente desestimar la información que puede aportar el INTA a través de SENASA, ni aquella información que pueden aportar otros sectores de la cadena productiva.
Tampoco es conveniente para los intereses del Gobierno provincial no darle transparencia a la solución de este conflicto. Como se manifestó en la nota que antecede, la transparencia y la participación de los actores involucrados tiende a dar mayor legitimidad al accionar del gobierno, a la vez que racionaliza la solución del conflicto, a favor de una solución democrática del mismo.
El cronista desconfía del deliberado interés de la Cámara de Exportadores de resolver la problemática en base a la documentación solo aportada por ella, sin la información del INTA, y de los demás sectores involucrados. Tal cerramiento de la negociación que plantea la Cámara parece infundado y huele mal. El cronista tiene su opinión, su olfato y sus pareceres; estos son sencillos. El gobierno tiene una tarea mucho más difícil. El gobierno no desconoce la complejidad de la política, sabe que una decisión, por nimia que parezca, puede desencadenar una caterva de consecuencias difíciles de preveer. Los empresarios también los saben, y además saben que el gobierno los sabe. Pero lo cronista insiste: cuanto mayor publicidad y transparencia adquiera este asunto, mejor y mas fácil va a ser la solución para el gobierno y para el conjunto de la sociedad. En eso consiste la complejidad y la simpleza de este juego, en entender que en este barco estamos todos juntos.
