La historia no solo que sigue inconclusa y la solución para Canaglia no llega, sino que adquiere ribetes aún más inesperados, ya que al hecho de que la “intervención” del Estado en el caso solo se limitó al envío de unas personas que corroboraran si era verdad que eran fluidos cloacales los que se vertían en el terreno afectado, ahora, según Acevedo Miño, “la novedad es que este lunes (después de una nota periodística en un medio radial chajariense donde se expuso la insólita determinación del Estado para “ocuparse” del caso Canaglia) se nos notificó de la decisión del Juez de Garantias de no concedernos lo que habíamos pedido, que era una multa al Estado provincial por no haber cumplido una resolución del STJ. En ese sentido, en una resolución que no tiene más de media página, el Juez estima que esto que informó el Estado de que había mandado agentes a constatar que lo que se derramaban eran fluidos cloacales, manifestaba la voluntad de cumplir por parte del Estado. Esto, para quien no ha estudiado Derecho incluso, apelando a la lógica solamente, puede darse cuenta de que es insostenible. Por ello, vamos a apelar esta decisión.”
“El Estado fue informado de estos derrames en 2012 y recién manda a sus agentes en 2014” sintetizó el abogado patrocinante “para que comprueben si lo que se derrama –que tiene olor y color a sustancias cloacales y que está probado en la causa que son sustancias cloacales- son sustancias cloacales. Vamos a ver como sigue, pero creemos que es necesario aplicar una multa, que no es tal, sino que es más una conminación pecuniaria, una forma de forzar el cumplimiento haciendo pagar un monto en dinero”.
La resolución reciente lleva la firma el Juez de Garantías de Chajarí, Eduardo Degano, quien en una primera instancia había rechazado el recurso de amparo por el caso de Canaglia, y que motivo acudir al Superior Tribunal, donde si tuvo repercusión favorable. “A mí me desconcertó la decisión (del juez chajariense)” dijo Acevedo Miño, abogado radicado en Paraná pero oriundo de Chajari. “Pero tampoco puedo explayarme demasiado sobre esa decisión, porque no ha abundado en un razonamiento que a uno le pueda manifestar por donde viene pensada la cuestión. Es una resolución breve, por la cual manifiesta que en atención a lo que ha hecho el Estado, éste tiene la voluntad de cumplir y por tanto no corresponde forzarlo con este pago de dinero”.
