Por una gran cantidad de juicios laborales, de los cuales la mayoría eran patrocinados por el estudio Vizcarra y Abete ante el juzgado de Mario Papes, Secretaría de Carlos Giménez, vecinos de la ciudad plantearon su malestar ante miembros del STJ, en una audiencia que se concretó el 29 de abril 2003. A partir de entonces el máximo tribunal de justicia de Entre Ríos dispuso una inspección al Juzgado Laboral Nº 1 y practicar una información sumaria.
La queja de los vecinos fue encabezada por el Centro Comercial Industrial y la Producción, institución por entonces presidida por Luís Michel y el intendente de la ciudad por esos días, Julio César Aldáz, quienes describieron la situación como «extraña», ya que advertían la existencia de una llamativa repetición de testigos, situación que creaba un contexto difícil en la comunidad, pues como consecuencia de la multiplicidad de juicios, entre los dadores de trabajo había un clima de miedo a tomar mano de obra por temor a sufrir reclamos similares, lo que perjudicaría aun más la situación socioeconómica que se vivía por entonces en la localidad como resultado de la crisis tanto nacional como provincial.
Entre los casos que sirvieron para ilustrar a los ministros de la corte se citó lo ocurrido con la centenaria Cooperativa Agrícola «Lucienville» la que debió afrontar en poco tiempo 18 demandas, de la cuales 17 recayeron en el Juzgado Laboral Nº 1. Además se señaló a Giménez, como el responsable muchas veces de atender las audiencias, daba el «consentimiento», o efectuaba «observaciones» hasta sugiriendo inclusive las fechas de los valores que se emitieron para arreglar desistimientos de acciones. Respecto de las cifras que se requerían en las acciones eran «desmesuradas», por su magnitud, y muchas veces se terminaría realizando un pacto por una cifra muchas veces más baja, hasta de un 95% de lo originalmente reclamado.
LA FISCALIA GENERAL CRUCIFICA
Según se desprende del expediente el Procurador General sostuvo que las conductas irregulares que dieran motivo a la instrucción del sumario administrativo contra el magistrado son producto de «incumplimientos de elementales obligaciones legales a su cargo, en algunos juicios hubo de permitir que, transacciones a la que arribaran las partes, fueran disimuladas mediante la utilización de la figura del desistimiento», y le señala la responsabilidad de no adoptar medidas para corregir «múltiples irregularidades funcionales del Secretario, cuya incidencia en la marcha normal del Juzgado no es necesario siquiera puntualizar», por lo que la conducta del Dr. Papes resulta «censurable».
EL JUEZ SE DEFENDIÓ ATACANDO
El Juez Papes no tardó en desmentir las imputaciones y denominarlas «calumniosas e injuriosas», a través de los medios dijo en su descargo que los empresario de Basavilbaso padecían de «ataque de pánico» frente a la existencia del estudio Abete-Vizcarra, por los posibles juicios laborales que estos iniciaran, por sus dependientes y en su contra. «El pánico se transformaba en terror paralizante», detalló el profesional al describir las reacciones que advertía en las audiencias, negando temer conocimiento sobre la existencia en los anales del Poder Judicial un precedente similar, señaló: «no lo creo, por que tantos minusválidos mentales juntos es imposible de reunir». En referencia al actual diputado Julio Aldáz, que por entonces era intendente, dijo que aparentemente sufre el «síndrome de ambivalencia afectiva», un trastorno psíquico por el cual una persona asume dos conductas opuestas al mismo tiempo.
SIN QUEJAS
Giménez a su turno negó «rotundamente» la existencia de atrasos administrativos, y dijo no haber recibido quejas de los profesionales. Por otra parte dijo no tener relación alguna con los abogados Vizcarra y Abete.
EL STJ HIZO LUGAR A LOS PLANTEOS DE LOS VECINOS
El máximo tribunal de la provincia, integrado por Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Carlos Chiara Díaz, Bernardo Salduna, Susana Medina de Rizzo, Leonor Pañeda, Emilio Castrillón y Silvia Nazar, dieron por acreditados los hechos que se les imputa a Giménez y Papes, según se desprende del Acuerdo Especial del 11 de septiembre pasado, votado por unanimidad, que el primero «no ha cumplido, en forma adecuada a lo que marca la Ley, la trascendente función fedataria que le fuera encomendada cuando asumiera el cargo de Secretario del Juzgado Laboral Nº 1 de Concepción del Uruguay, permitiendo que algunas actas judiciales -pasadas ante él- en las que se instrumentaran acuerdos conciliatorios «no reflejaran la realidad de lo que fuera acordado».
Al parecer no hizo falta demasiado esfuerzo para verificar que las irregularidades denunciadas por el Centro Comercial e Industrial y la Producción de Basavilbaso, representantes de distintas entidades intermedias de la localidad y el entonces intendente Aldáz, en los cuestionamientos al desempeño del funcionario judicial calificado de «funcional».
En la resolución el Superior Tribunal de Justicia dispone la cesantía de Giménez, como Secretario del Juzgado Laboral Número 1, y que las actuaciones sobre Mario Raúl Papes, titular de dicho juzgado, en coincidencia con lo sostenido por Héctor Morales, sean derivadas al Jurado de Enjuiciamiento en carácter de «formal denuncia». Es que, compete a dicho órgano meritar si los argumentos defensivos del magistrado y/o los que vierta en sus comparendos defensivos ante el citado órgano de la Constitución Provincial son susceptibles de neutralizar la imputación del por entonces Procurador General, e incluso ponderar la acreditación de los extremos fundantes de los hechos que le endilga la pieza de la Fiscalía, -lo que obviamente- excede el marco de competencia del alto cuerpo para no ingresar en materia del Jury de Enjuiciamiento.
