El robo fue denunciado por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en diciembre de 2000. Pero la investigación no pudo avanzar por falta de pruebas, y fue archivada y puesta en reserva en 2007 por el entonces juez de Instrucción Nº 6, Gustavo Maldonado. Posteriormente fue reactivada. En la pesquisa se intenta dilucidar el desvío de unos 20 millones de dólares. Un hecho comparable sólo con el caso de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER).
En mayo de 2013, la jueza de Instrucción de Paraná, Marina Barbagelata, había procesado a todos los imputados. Entre ellos al ex vicepresidente primero del Senado, el ex senador provincial Humberto Ré (UCR-Diamante). El único exceptuado había sido el ex legislador Elcio Viollaz (UCR-Colón), quien nunca pudo declarar por un problema de salud que lo aqueja hace ya un buen tiempo. No obstante, la defensa apeló el fallo.
En septiembre de ese año, la Sala Nº 1 Cámara Penal de Paraná resolvió declarar el sobreseimiento de los imputados Héctor y Maximiliano Alanís, Re, Cretton Pereyra, y Viollaz por peculado. “La Sala entendió que teníamos razón en el planteo que hacíamos y dispuso dictar el sobreseimiento de todos los imputados”, dijo Lambruschini.
La fiscal de Cámara, María Carolina Castagno, interpuso un recurso de casación al Superior Tribunal de Justicia. “El STJ entendió que esa sentencia era nula porque entiende que la motivación, la fundamentación no es suficiente para sostener la certeza negativa que requiere el auto de sobreseimiento. Por tanto, como hay una anulación de ese acto, debiera volver a otra Cámara para que dicte un nuevo pronunciamiento sobre el recurso de apelación que planteó la defensa”, indicó Lambruschini.
Lambruschini indicó que la postura de la defensa que lleva adelante es que “de acuerdo a las pruebas obrantes en la causa y las sucesivas pruebas testimoniales, periciales y los informes del Tribunal de Cuentas, estas cuentas evidentemente fueron auditadas y aprobadas”.
Por ende, el defensor argumentó que: “se les atribuyen maniobras a nuestros defendidos en el sentido de haber sustraído fondos públicos y no ha habido maniobra alguna. Tal es así que las cuentas fueron auditadas y aprobadas por el Tribunal de Cuentas y así se pone de resalto en los informes y las pruebas testimoniales que dieron sus miembros”.
“Esto que la imputación sostiene como maniobra no podría haber sido nunca de esa forma porque eso importaría contabilizar doblemente los ingresos que tenía el Senado y eso está mal desde el punto de vista contable”, añadió. El letrado explicó que la causa es muy compleja.
En consecuencia, en estos momentos está vigente el procesamiento en primera instancia de todos los imputados que fue apelado. “No está firme ese fallo, tiene que resolverse el recurso”, señaló.
Respecto de los tiempos que insumirá una nueva sentencia de Sala, dijo que eso dependerá de “los tiempos que tome la Cámara para fijar audiencias, informar y resolver”. En Paraná el lunes próximo comenzará a implementarse el nuevo código de procesamiento penal. Por ende, hay un retraso en la resolución de la causa por la implementación del Código. “No sabría estimar en que tiempo esto debiera resolverse”, señaló.
El letrado descartó que pueda producirse una prescripción a pesar de que los hechos denunciados datan de la década del 90. “Muchos han sido funcionarios públicos y mientras los funcionarios se mantienen en el cargo no corre el plazo de la prescripción. Además se les imputa el delito de peculado que es un delito que tiene diez años así que no está ni cerca de que vaya a producirse la prescripción en la causa. Es más, se tomó la indagatoria a los imputados hace un año y eso caduca el plazo de la prescripción y por tanto se empieza a computar nuevamente. La posibilidad de prescripción es nula”, explicitó.
