Desde el Juzgado Penal de Menores se le hizo conocer hace un tiempo al Superior Tribunal de Justicia que, según datos estadísticos de ese organismo, en el último año había aumentado la cantidad de causas en trámite en las que se hallan involucrados menores, observándose “la disminución de edad de los presuntos autores, violencia en la modalidad delictiva y nula investigación prevencional que permita identificar y llamar a responder a persona alguna”.
Se destacó asimismo, en esa oportunidad, que un alto porcentaje de esos menores “pertenecen a sectores sociales excluidos donde están privados de derechos esenciales, vivienda digna y referentes afectivos, no logrando la respuesta adecuada por parte de las instituciones llamadas justamente a incluir a los mismos, lo que torna dificultoso el sostenimiento de las medidas y pautas de abordaje y conducta que se pudieran disponer, a pesar de la activa y comprometida intervención de los profesionales de (ese) juzgado”.
El Defensor General de la Provincia y el Procurador General de la misma, compartieron las apreciaciones realizadas desde el Juzgado, señalando el primero “que esta problemática registra una clara tendencia a su agravamiento en razón de la disfunción familiar, la falta de prevención, y la inoperancia en materia de tratamiento tutelar”.
Y agregó: “Hoy la provincia, conforme las disposiciones vigentes y ante la aparición de la Ley 26.061, tiene la posibilidad de tomar a su cargo la situación de los menores de 16 años que resulten autores de hechos delictivos, y sin embargo no lo hace”. Y, por su parte, el Procurador General, manifestó que “el organismo estatal competente –CPM- debe dar una respuesta eficaz tendiente a la rehabilitación –y no reincidencia en la criminalidad- de los menores involucrados en hechos delictivos, mediante un programa tutelar, que a su vez, garantice la observancia de sus derechos constitucionales”.
Ante esta situación el STJ resolvió en reunión de Acuerdo General, hacerle conocer al Consejo Provincial del Menor, tales opiniones, y requerirle la adopción de las medidas correspondientes, propiciando a su vez, la realización conjunta de una jornada de trabajo, con la participación de todos los operadores judiciales y administrativos del sistema de minoridad, “para analizar aspectos técnicos de la Ley Nº 26.062 y la mejor forma de observancia de sus dispositivos”.
“La nota al Consejo Provincial del Menor fue remitida el 6 de septiembre pasado y aún no hay respuesta. Entretanto, en el Juzgado Penal de Menores de Paraná, se han duplicado las audiencias diarias y el calendario ya está completo hasta fines de noviembre”, alertó el Alto Cuerpo
“En materia de minoridad y violencia familiar, y cuando se dan situaciones de riesgo para la vida o salud de las personas, los Juzgados de Paz pueden excepcionalmente recibir denuncias y adoptar medidas cautelares, en casos de urgencia. Pero una vez cumplidas esas medidas, tales funciones deben cesar, debido a que el fuero especializado y competente para entender en materias como éstas, es el de Familia y Menores”, consignó el STJ.
Precisamente por este motivo, el Tribunal debió llamar la atención a una Jueza de María Grande, que se había excedido en sus funciones.
El Alto Cuerpo tomó conocimiento de esa situación, debido a la presentación que en tal sentido, efectuara un abogado de esa ciudad, lo cual devino en un pedido de informe por parte del Tribunal, a la magistrada en cuestión, y la intervención del Procurador General de la Provincia, quien llegó a la conclusión que efectivamente, en el caso que el abogado planteó, existía una extralimitación de funciones, por parte la Jueza actuante y por eso, el máximo Tribunal entrerriano, le llamó severamente la atención. Fuente: El Once
