La iniciativa que vetó el gobernador Jorge Busti y que es de autoría del diputado justicialista Enrique Cresto, permite en estos casos la reinserción al sistema con el pago de lo adeudado, con la aplicación de intereses blandos.
A favor del proyecto sancionado y vetado por el Ejecutivo se destaca que permite que se reconozcan aportes que se hicieron en algunos casos hasta por ocho años, evita que ese dinero se pierda y pone nuevamente dentro del sistema a por lo menos dos mil amas de casa que, además, con su reincorporación significarían aportes frescos al sistema.
Los diputados del oficialismo ya anunciaron que volverán sobre sus pasos para encuadrarse políticamente con la posición del Ejecutivo. Pero la titular del Sindicato de amas de casa, Sara Amavet, no pierde las esperanzas de encontrar una respuesta favorable a su planteo. “Lo que pudimos sondear de la voluntad de algunos legisladores es que, aun cuando veten este proyecto, aceptan la necesidad de promover una iniciativa que permita reinsertarse en el sistema a las mujeres que quedaron afuera”, explicó la ex diputada justicialista.
A partir de informes de la presidencia de la Caja de Jubilaciones, el Ejecutivo argumentó en el veto que la iniciativa no contaba con suficientes estudios y podía llegar a agravar el déficit del sistema generando un aluvión de nuevas peticiones de beneficios. “Esto no es así en el corto plazo, porque estas mujeres se iban a reinsertar pero no se iban a poner en situación de demandar el beneficio en forma inmediata; iban a entrar a un sistema de pago de moratoria por lo adeudado”, diferenció Amavet.
Reforma del sistema
“Ahora, cuando podemos hacer el balance de lo que impactó en la calidad de vida de más de 14 mil mujeres entrerrianas el tener un ingreso permanente de 164 pesos, que ahora es de 200, y cuando además vimos lo que significó estar privadas del cobro de este beneficio durante más de cuatro años prácticamente, en los que solamente pudieron acceder por recursos de amparo, entendemos que es fundamental replantear la vigencia del derecho y, en forma paralela, sostener la necesidad de modificar la ley para hacerla sustentable en el tiempo”.
Amavet es optimista en este sentido, particularmente después de que el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, Carlos Orlandi, envió una nota a la Asociación invitándola a recolectar datos para “juntos abocarnos a un estudio serio de la reforma del sistema”.
“No hay futuro alguno para el sistema si no se reforma. Con datos del censo poblacional hay que ver cuáles serían las potenciales adherentes a un sistema con reglas claras, que garantice futuro, que suprima la no reciprocidad de manera que las mujeres que aportaron algún tiempo a otro sistema y quieran integrarse a este sepan que pueden ser reconocidos los aportes anteriores o viceversa; que también se pueda prever la incorporación de mujeres que además de su rol fuera del hogar son también amas de casa y quisieran aportar. Hay distintas alternativas para barajar si se tiene la voluntad política de que el sistema sobreviva”.
—¿Observa voluntad política?
—No conocemos la principal, que es la voluntad del Ejecutivo. Pero se sigue pagando; se reconoció que no correspondía seguir reteniendo los 40 pesos, por eso se paga ahora 200; se resolvió una lista de 170 nuevas beneficiarias. Todas son señales positivas, no sabemos si además hay la voluntad de darle oxígeno al sistema para que siga viviendo.
Déficit creciente
La jubilación de las amas de casa de Entre Ríos es un sistema contributivo graciable, que se compone en una parte mínima de recursos genuinos, con los aportes de 38 pesos mensuales para un beneficio que recientemente pasó de 160 a 200 pesos.
En términos globales, mensualmente se aportan unos 600 mil pesos y se pagan 2.860.000 de pesos en haberes jubilatorios a 14.300 beneficiarias. Los 2,2 millones de diferencia deben ser aportados cada 30 días con fondos de Rentas Generales. El déficit crecerá en los próximos meses, ya que hay por salir unas 2 mil jubilaciones en toda la provincia.
