El senador de Colón tipificó como damnificados a quienes sean “ofendidos directos y tengan capacidad sustancial para obrar en juicio”. En esos casos, corresponde otorgarles el derecho de querella. Consiste básicamente en la posibilidad de presentarse ante el juez o tribunal competente con el objeto de contribuir a la iniciación del proceso o para impulsar uno que esté en trámite. Para ello, está facultado a proporcionar elementos de convicción, proponer diligencias, argumentar sobre el material colectado, recurrir las resoluciones adversas y perseguir la condena del autor del delito.
López aclaró que la actividad del querellante -en cuanto participación y control popular- “puede facilitar y mejorar la eficacia de los órganos oficiales encargados de la acusación, juzgamiento y punición de los culpables de delitos”.
El senador concluyó señalando que la ampliación de la querella significa “una valiosa colaboración en el esclarecimiento de la verdad, o sea, que la querellante es y debe ser una colaboradora de la Justicia en el sentido de descubrir la verdad objetiva en el proceso”.
