La audiencia contará con la asistencia de Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales (UBA), magister en Economía Política (Flacso) y licenciado en Sociología (UBA); Alfredo Zaiat, periodista, escritor y economista, y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
También figuran en la lista la abogada Jimena De la Torre, flamante consejera del Consejo de la Magistratura, y el contador Andrés Edelstein, socio de PriceWaterhouseCooper en Argentina.
Las iniciativas fueron presentadas a fines de marzo por un grupo de senadores del Frente de Todos, entre ellos el neuquino Oscar Parrilli, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el formoseño José Mayans.
El Poder Ejecutivo respaldó la idea y luego un grupo de 22 integrantes del bloque oficialista se sumó al apoyo.
Un Fondo con fines específicos
El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.
La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.
El texto sostiene que ese fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
La iniciativa establece que el aporte del blanqueo “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.
Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.
El proyecto indica que “en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%”, y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte “corren el riesgo de tener una pena en prisión”, tal como lo estipula la ley vigente.
El oficialismo propone también usar la figura del “colaborador”, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.
Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.
Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.
Para ello, sirve la segunda iniciativa, ya que modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.
