La discusión comenzará este martes a las 11 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo del neuquino Marcelo Fuentes (FpV); de Presupuesto y Hacienda, que conduce el bonaerense Aníbal Fernández (FpV); y de Minería, Energía y Combustibles, cuyo titular es el neuquino Guillermo Pereyra (MPN).
El oficialismo planea debatir la iniciativa a lo largo de tres jornadas entre martes y jueves, cuando firmaría el dictamen para llevar al recinto la semana próxima.
Aunque hasta el momento no se anunciaron invitados, se prevén exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo entre quienes podría estar el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
En tanto, el miércoles asistirían los gobernadores de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), mientras que el jueves se sumarían especialistas invitados por los senadores de la oposición.
La semana pasada, los bloques de la oposición se adelantaron al debate en comisión y anticiparon su rechazo al proyecto oficial en diferentes audiencias públicas.
La UCR, el FAP y el PJ disidente alertaron sobre un avance de la Nación sobre las provincias al sostener que verán recortadas sus facultades para negociar sus áreas hidrocarburíferas y que se les pondrá un tope a las regalías que reciben por la actividad petrolera.
Además, advierten que del Gobierno busca alzarse con la recaudación de la renegociación de los contratos de los yacimientos concesionados que habilita el texto para el año próximo.
El objetivo que el Gobierno se propuso con la actualización de la ley petrolera actual es atraer nuevas inversiones para explotar el potencial no convencional del país y así poder subsanar los gastos en importación de combustibles por lo no producido.
Entre otros aspectos, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación.
La nueva norma habilitaría 25 años para los yacimientos convencionales, 35 años para los no convencionales y 30 años para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.
Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.
Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.
Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12 por ciento.
Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.
