“En ese sentido y junto al gobernador Gustavo Bordet, miembros del gabinete provincial y legisladores nacionales por Entre Ríos, hemos mantenido diferentes reuniones con productores y exportadores citrícolas, para lograr no solo la pronta sanción de este proyecto sino además para continuar trabajando en acciones que vayan en ayuda de esta importante cadena de valor en nuestra provincia”, sostuvo la senadora.
Y agregó: “ratificando en este sentido la importancia que tienen las economías regionales dentro de la agenda provincial, impulsando su desarrollo productivo y cuidando el empleo”.
“Esta actividad no solo genera movilización económica sino que además tiene impacto en otras actividades, que también tienen incidencia económica en la provincia”, explicó Kunath. “Los representantes de este sector han expresado su preocupación por algunos indicadores que dan a la baja, como las exportaciones y el consumo interno, más allá del encarecimiento de los insumos y por eso era necesario que este proyecto se aprobara, porque es una situación excepcional para aliviar la actualidad del sector”, añadió.
“Entendemos que el gobierno nacional debe atender de manera urgente la situación y tomar medidas de fondo, que tienen que ver con la promoción de cada una de las economías regionales de nuestro país”, culminó la senadora.
Por su parte el senador entrerriano, Pedro Guastavino, aseveró que“ la intención es paliar la situación de crisis prácticamente terminal que está viviendo el sector ” y expresó su preocupación por “el impacto del precio desmedido de los insumos, la gran presión impositiva y la imposibilidad de acceder al financiamiento, entre otras dificultades que hacen que el sector tenga un rentabilidad prácticamente nula”.
“Estamos hablando de uno de los motores de la economía de mi provincia, cuyos productores nos han transmitido en las reuniones que hemos tenido, la situación desesperante que vive esta cadena que hoy da trabajo a 30 mil entrerrianos y casi cien mil personas a nivel país”, sostuvo.
La Ley de Emergencia Citrícola faculta al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de obligaciones impositivas, por parte de AFIP y ANSES. Y la suspensión de iniciación de juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de impuestos y obligaciones de la seguridad social.
