Presidió el encuentro el senador de Islas, Eduardo Melchiori, presidente de la Comisión, quien al cierre del encuentro sostuvo que “todos estamos a favor del objetivo de la norma, aunque seguramente habrá modificaciones en lo que es la adhesión de la provincia, teniendo en cuenta conceptos que están contenidos en los proyectos que tenemos en el Senado y, creemos, permitirán enriquecer lo hecho por la cámara de origen”, al tiempo que agregó que “también tendremos en cuenta lo que nos acerca la gente del IOSPER, que es un punto de vista muy valioso y enriquecido por su experiencia en el tema que vienen trabajando desde hace ya varios años”.
Los senadores recibieron al gerente de prestaciones del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, quien estuvo acompañado por la doctora Claudia Abrile, responsable del programa que lleva adelante la obra social sobre los casos de fertilización. Además concurrió en parte del encuentro el doctor Ariel De la Rosa, director de la entidad prestacional.
Melchiori comentó a los presentes que “esta reunión es parte de un mecanismo de consulta que hacemos en cada proyecto que nos toca revisar y nos permite profundizar para mejorar en la medida que sea posible”
Señaló que “hay algunas aristas de la norma nacional que deben ser profundizados, sobre todo lo relacionado con la realización de los estudios previos a un procedimiento de fertilización”.
Agregó que “se puede observar que el decreto reglamentario de la norma nacional incluye cuestiones que no fueron parte de la ley de fondo”. El legislador también comentó que hay aspectos éticos que deberían ser analizados.
Destacó el trabajo que “desde hace tiempo viene realizando el IOSPER, que se adelantó incluso a la sanción de la ley nacional, respondiendo a las demandas de sus afiliados”. Consideró además que se deberían poner muy en claro algunos límites lógicos para que la aplicación de la norma no genere inconvenientes a la obra social.
“Me parece que tenemos que incorporar algunas cuestiones razonables en la norma, pensando en sostener en el tiempo el acceso pleno a estos tratamientos, que es lo que todos queremos, resguardando por supuesto la obra social”, expresó.
Afirmó que “se tiene que lograr que aquella persona que tiene mínimos recursos, pueda ver asegurado el acceso a los tratamientos”.
Cañete mencionó que participaron en la cámara de origen de una reunión y volcaron su posición, a la vez que recordó que ya en el año 2007 se comenzó a trabajar en el tema en la obra social, ya que hubo presentaciones judiciales reclamando por los tratamientos y ante esta coyuntura se puso en marcha un plan integral para responder a los afiliados.
Explicó que el instituto es parte del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), órgano desde el que se pregona que cada provincia ejerza su autonomía en algunos temas relacionados con la salud. “Nadie está en contra de la prestación, pero tiene que ser encarada de acuerdo a la necesidad y posibilidad que se tiene en cada territorio”, explicó.
Después se refirió al impacto que tiene este tipo de normas sobre una obra social provincial con recursos acotados, que no puede acceder a fondos extraordinarios. Opinó que es bueno reunirse, para buscar una armonía y trabajar en relación a la propia realidad, respetando los ingresos de la obra social.
Hizo referencia a una serie de potenciales casos que implicarían un alto costo, que tal vez no fue analizado en su totalidad al momento de impulsar la norma general. El letrado señaló que “cada caso en particular, implica que se disparen situaciones que no fueron tenidas en cuenta y tienen alto impacto”.
Relató que hay 120000 afiliados y poco más de un 10 por ciento puede tener problemas relacionados con la fertilidad. Sin entrar en detalles sobre el costo de cada caso particular, informó que en lo que va de 2013 se está haciendo frente a 30 estudios de baja complejidad y a 70 de alta complejidad.
En la idea compartida por todos los presentes de responder con soluciones a estos casos, señaló que se debe buscar un sistema que deje a buen resguardo la seguridad social.
Indicaron los legisladores que se podría pensar en un límite biológico, con aporte de asociaciones científicas para establecerlo y de los responsables de la salud pública, generando un protocolo adecuado para la aplicación y alcances. En ese protocolo se incluirían edades, cantidad de intentos a cubrir y tiempo de realización de los mismos.
Los representantes del IOSPER presentaron a los legisladores una completa estadística de lo actuado por el instituto en los últimos años en relación al tema.
Reiteraron la necesidad de “contemplar la posibilidad de compensar a la obra social por el alto costo de este tipo de tratamientos, a modo de lograr el sostenimiento de la obra social provincial”.
El proceso de revisión es una posibilidad de “lograr compensar el alto costo, aunque más no sea en un porcentaje”, enmarcado esto en que “todos los actores del sistema están de acuerdo en atender este tipo de problemáticas”.
