También permite el acceso al crédito a los inquilinos que suscriban contratos de leasing y a quienes posean un terreno destinado a la construcción de una vivienda. Se trata de la ley que regula el sistema de préstamos que bancos públicos y privados lanzaron al mercado hace diez días -motorizados por el Gobierno- con créditos que rondan una tasa de interés del 8% anual y un plazo de cancelación de hasta 30 años.
El proyecto contaba con el visto bueno de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión e Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado.
El proyecto permite acceder al financiamiento del 100% de la compra de viviendas por valores de hasta $ 200.000, y el 90% en cifras de hasta 300.000, pero los locatarios deberán demostrar que en los últimos ocho meses pagaron puntualmente su alquiler. Contempla la flexibilización del crédito para los inquilinos y la promoción de la construcción de viviendas mediante la cesión de beneficios impositivos para las constructoras, como la devolución anticipada del IVA.:
Nueve senadores acompañaron con su voto la iniciativa: Miguel A. Pichetto, Jorge M. Capitanich, Rubén H. Marín, Mirian Belén Curletti, Elva A. Paz (m.c.), Ricardo C. Taffarel, Federico R. Puerta (m.c.), Ramón E. Saadi y Liliana T. Negre de Alonso.
Según La Nación, el apoyo del bloque Provincias Unidas, que encabeza el puntano Adolfo Rodríguez Saá y el senador Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador-Salta), fue central para contrarrestar la jugada de los 11 radicales, que junto con el senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) decidieron abstenerse y pusieron al kirchnerismo en un brete.
La senadora Cresto, durante su alocución en el recinto, manifestó que persiste en su compromiso para disminuir sustancialmente el déficit habitacional varias veces millonario. En tal sentido, reiteró que continuará impulsando propuestas, que complementando y no excluyendo a las mencionadas, impliquen: “movilizar el potencial financiero extraordinario de personas físicas para orientarlos también a locatarios con ingresos más bajos y que con la aplicación que se promueve servirá incluso de política anticíclica para afrontar los vaivenes que padece nuestra economía”.
La legisladora entiende merece que se siga bregando por este tipo de iniciativa por su pleno establecimiento, porque no requiere aplicación directa de fondos del Estado, sino que los recursos que en principio éste resigna a través de los beneficios impositivos a los innumerables inversores directos.
